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sábado, noviembre 23, 2024

El gobierno debe combatir la desinformación y el escepticismo hacia las vacunas

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Hay vacunas pero los vacunatorios están vacíos. El gobierno debe revertir de manera urgente esta triste realidad, sin descartar nuevas estrategias de inmunización que apunten a la población más joven.

Días atrás, la doctora Lida Sosa, viceministra de Salud, aseguró que solo alrededor del 60% de las personas registradas acuden a recibir las dosis correspondientes contra el Covid-19. Estos datos se reflejan en las fotos de vacunatorios desolados, sin concurrencias que a diario vemos en los medios de comunicación y redes sociales.

Esta realidad es aún más preocupante cuando consideramos que estamos en uno de los picos más mortíferos de la pandemia, con familias enteras enlutadas y niveles de contagio que no parecen mostrar indicios de retroceso, sino más bien de aumento. En este contexto, a una parte importante de la población paraguaya le da menos miedo morir de coronavirus que recibir vacunas cuyo éxito el mundo hoy constata con gran esperanza.   

Ante este escenario, sería fácil culpar a la sociedad civil y a los particulares por su rechazo a la vacunación. Sin embargo, los fines que legitiman la existencia de los Estados invalidan dicho recurso y exigen acciones urgentes que reviertan las peligrosas corrientes de opinión pública que promueven la desinformación y los posicionamientos antivacunas.

Puede haber varios motivos que expliquen la poca concurrencia a vacunarse, ya sea la pura desinformación, el escepticismo, el miedo, el nulo manejo de la tecnología a la hora de registrarse o la falta de movilidad para acercarse a los centros de vacunación. Pero frente a estos hechos, las autoridades competentes -sobre todo por los ingentes recursos que poseen- no pueden seguir un segundo más en la inacción, con los brazos cruzados, lamentando simplemente la poca iniciativa ciudadana.

Es una necesidad imperiosa abandonar cualquier diagnóstico que sugiera que estamos ante una problemática meramente individual, porque es un mandato constitucional del Estado proteger a su población. Para tal propósito se deberían movilizar todos los resortes comunicacionales en favor de una agresiva campaña en pos de la vacunación. De lo contrario, el sistema sanitario seguirá agravando su colapso.

Debemos comprender que la falta de concurrencia golpea no solo al que no acude teniendo la posibilidad, sino que constituye un problema de salud pública, ya que esa persona que no se inmunizó va a terminar necesitando una cama de hospital cuando sea contagiado por un familiar más joven o por cualquier persona que aún no recibió la vacuna.

Las instituciones públicas competentes deberían articular de manera más clara acciones que incentiven el aumento de la concurrencia a los vacunatorios, sobre todo si está previsto que en este mes de junio lleguen lotes importantes de vacunas. Esta coyuntura obliga a buscar nuevas estrategias para acelerar el proceso y abarcar a una mayor cantidad de personas. En este sentido, los propósitos no deben ser meramente informativos, sino que deberían pensarse incentivos concretos para que la franja de la población escéptica (adultos mayores a 65 años) pierda el miedo a la vacuna.

Quizás, la solución radique en cambiar la estrategia que guía la campaña de vacunación: si los mayores de 65 son reacios a recibir las dosis, que el Ministerio baje la edad de la población target, vacune a los más jóvenes y limite la circulación del virus. Sabemos que las personas que tienen entre 20 y 50 años son quienes más se contagian, pues son quienes más actividad (laboral y social) mantienen.

Más allá de las decisiones que se tomen, el Estado debería tener datos detallados sobre su población, tanto de orden cuantitativo como cualitativo. Es a partir de los mismos que debería configurarse las estrategias destinadas a persuadir, despejar dudas, neutralizar informaciones falsas e incentivar la concurrencia a los vacunatorios. 

Todos los sectores deberían de colaborar en este propósito, medios de prensa, figuras públicas y todo el arco político nacional, porque la pandemia es un problema de salud pública que afecta a cada ciudadano en su particularidad y a la sociedad en general. Despejar la desinformación y dar seguridad a la población es la única forma de que a medida que vayan llegando más dosis estas puedan alcanzar a mayor cantidad de gente.

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