El operativo “A Ultranza PY”, llevado adelante por los organismos de seguridad de nuestro país en conjunto con agencias extranjeras, constituye uno de los golpes más importantes que da el Paraguay contra el crimen organizado transnacional en las últimas décadas.
En efecto, no se trata solamente de una acción a gran escala contra el narcotráfico y el lavado de dinero, sino también un proceso donde se destaca la incautación de bienes malhabidos en propiedad de criminales, que derivó en el allanamiento de 41 propiedades, 25 vehículos de alta gama, 9 avionetas, embarcaciones, motocicletas, ómnibus, camiones, tractores, máquinas agrícolas, armas, miles de cabezas de ganado, pistas clandestinas y sujetos detenidos.
Los propios Estados Unidos destacaron la importancia del operativo y animaron a las autoridades paraguayas a profundizar esta lucha que está orientada a que el Paraguay imposibilite que su territorio se convierta en zona liberada para la insidiosa acción de la delincuencia.
La decidida acción demostró, a propios y extraños, que cuando existe un gobierno al que no le tiembla la mano para garantizar el imperio de la ley, los resultados son efectivos y exitosos. Nuestra propia imagen internacional se beneficia, pues, de la política anti-criminal.
Uno de los resultados más valorados por la población es la exposición de familias y personajes expectantes de la sociedad que han caído a raíz de la contundente acción contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, las acciones hasta ahora ejecutadas podrían estar tocando solo la punta del iceberg del crimen organizado, si consideramos que este tipo de asociaciones criminales tienen una extensión mucho mayor que los hasta ahora aprehendidos o imputados, involucrando más actores del ámbito privado como público. Es de esperar que las acciones sigan avanzando hasta llegar al corazón del sistema que sustentan a estos grupos criminales.
Por otro lado, cobra una crucial importancia la función que compete a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), creada como un órgano dependiente de la Presidencia de la República, especializado en la administración de bienes de interés económico incautados, abandonados y declarados en comiso, en el marco de la Ley Nº 5.876/17.
Esta norma, dispone que el 30% de los recursos obtenidos de incautaciones sean destinados al Ministerio Público, al Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y al fortalecimiento de la Policía Nacional.
Asimismo, el 50% de esos fondos deben ser destinados para financiar proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social, así como proyectos de prevención de lavado de activos, combate al crimen organizado y financiamiento del terrorismo y, por último, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el narcotráfico.
En este marco, es fundamental que la SENABICO incremente sus recursos para avanzar en la guerra contra el narcotráfico y el lavado de activos, así como a las labores de rehabilitación de adictos impulsada desde Salud Pública.
En este sentido, cabe recordar que esa cartera de Estado cuenta apenas con un Centro de Adicciones, ubicado en la calle Venezuela. Un único ámbito asistencial para un fenómeno de creciente expansión en toda la sociedad paraguaya. Esto, constituye, pues, un verdadero despropósito. De allí que los recursos asignados a esta función, así como al trabajo preventivo de adicciones, deban ser potenciados de manera urgente.
Pero esos ingentes recursos obtenidos de la ilicitud, también deberían ser orientados al mejoramiento de la educación, al fortalecimiento de la salud y, en esta dirección, a todos los objetivos vinculados con la política social del Gobierno nacional.
El gobierno de Mario Abdo Benítez está llevando adelante una la lucha inédita contra el narcotráfico, el lavado de dinero (de dimensiones verdaderamente alarmantes, como se ha visto en este último operativo), el contrabando y el financiamiento al terrorismo. Como es de público conocimiento, en estas áreas, el crimen organizado transnacional moviliza miles de millones de dólares, quizás solamente equiparados con toda la riqueza que genera el país en el transcurso de un año entero.
Motivos, por ende, sobran para arreciar la lucha contra estos grupos marginales que sólo buscan engrosar sus recursos en desmedro de toda la ciudadanía, de su salud y del propio desarrollo económico y social.
En este sentido, urge profundizar la cooperación internacional con los organismos que combaten la ilegalidad, no sólo en el ámbito del Mercosur, sino inclusive más allá de su zona de influencia. La viabilidad del Estado paraguayo, puesta hoy en jaque por la delincuencia internacional, depende de esta “guerra sin cuartel”, como bien ha sido denominada por referentes del Poder Ejecutivo. El Paraguay con fama de refugio de marginales y de irregularidad, debe acabar de una vez para siempre.
Foto: Ministerio Público
