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domingo, junio 16, 2024

Agobiado y sobrepasado Barchini pide «ayuda» a Riera

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El Ministro de Justicia, Ángel Barchini, con un tono de voz quebrado y temeroso, dejó en evidencia la falta de control y seguridad en los penales bajo su jurisdicción. Aseguró que grupos criminales como «El Clan Rotela» y «el PCC» están al tanto de todos sus movimientos.

La inseguridad que se vive en las cárceles no es una novedad, pero las declaraciones del ministro, lejos de transmitir firmeza, denotan una total falta de confianza en su propio sistema. Más grave aun es la información proporcionada por el Ministro de Justicia sobre el modo en que los diferentes grupos criminales monitorean sus actividades y reuniones con el presidente Peña.

Es preciso recordar que Barchini, el 31 de agosto, había manifestado con seguridad que el Estado retomaría el control de las prisiones. Sin embargo, tan solo una semana después, durante un recorrido por Tacumbú, los propios internos desafiaron su autoridad, demostrando el dominio absoluto que tienen sobre el penal.

Esta demostración de poder por parte de los reclusos ya había dejado en claro que las afirmaciones previas del ministro eran, en el mejor de los casos, optimistas sin fundamento. En el peor, pura retórica sin acciones concretas detrás.

Lo que siguió a continuación fue aún más alarmante. Barchini se enteró recién este lunes 2 de octubre que el Clan Rotela había brutalmente acabado con la vida de un policía en Tacumbú. La tardanza en estar al tanto de un acontecimiento tan grave, sumado al desconocimiento del flujo de información dentro de su ámbito, cuestiona seriamente su capacidad para dirigir un ministerio tan crítico.

Para intentar remediar esta grave situación de descontrol, el ministro recurrió a solicitar al Ministro del Interior, Enrique Riera, la implementación de polígrafos, buscando identificar a los funcionarios desleales. Sin embargo, este tipo de medidas no solo suenan a parches ante un problema estructural mucho más grande, sino que también ponen de manifiesto la falta de confianza y la desorganización al interior del propio Ministerio de Justicia.

Además, acciones ineficaces como la aludida, cuya credibilidad está en duda y ni siquiera se tiene idea si podrá ser empleada en la carrera penitenciaria, son insuficientes para determinar las responsabilidades derivadas de los graves hechos sucedidos. El Estado es el garante frente a los derechos de las personas privadas de libertad, así como es responsable de la política que aplica para garantizar la seguridad en las penitenciarías.

En resumen, el liderazgo de Barchini al frente del Ministerio de Justicia parece estar caracterizado por la desinformación, la falta de control y una evidente incapacidad para gestionar las cárceles, que constituye una de las funciones primordiales de su cartera.

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