Desde la Constitución de 1940 hasta las reformas más recientes como el desbloqueo de listas sábanas y la ley «antiblindaje», este análisis desentraña cómo la estrategia y adaptabilidad del coloradismo han transformado herramientas de la oposición en escalones hacia su consolidación, planteando interrogantes sobre la naturaleza y el uso de las instituciones democráticas en el país.
En Paraguay, la reciente pérdida de investidura de la senadora Kattya González se inscribe en una dinámica compleja y de largo aliento, marcada por el uso estratégico de herramientas legales y constitucionales por parte del Partido Colorado (ANR). Este fenómeno no es nuevo: tiene sus raíces en la historia política del país y en cómo ciertos mecanismos, inicialmente concebidos para limitar el poder de este partido, han sido cooptados y utilizados en su beneficio.
La “Constitución de 1940” es un ejemplo temprano de dicho fenómeno. Redactada por destacados intelectuales del liberalismo, como Efraím Cardozo y Justo Pastor Benítez, esta carta política fue utilizada por el régimen de Stroessner para consolidar su dictadura. A través de ella, el Partido Colorado encontró un camino para asentar su control sobre el Estado, utilizando un marco normativo generado por la propia intelligentsia opositora.
En el ámbito de la democracia reciente, desde finales de la década de 1990, la oposición, los medios de comunicación y organismos de la sociedad civil impulsaron con vigor el desbloqueo de las listas sabanas. Esta medida, diseñada en principio para contrarrestar el dominio del Partido Colorado, terminó beneficiando al mismo, ya que facilitó la consolidación de una mayoría significativa para la ANR en el Congreso durante el periodo 2023-2028. Este resultado inesperado pone de manifiesto la eficacia del Partido Colorado para adaptarse y aprovechar los cambios normativos que, en teoría, buscaban limitar su poder.
Otro ejemplo de esta dinámica es la iniciativa de la oposición, apoyada fuertemente por la prensa, de establecer la mayoría simple como suficiente para la expulsión de un legislador, bajo la denominada ley «antiblindaje». Originalmente, esta medida buscaba prevenir que el Partido Colorado protegiera a sus miembros de la pérdida de investidura mediante la exigencia de una mayoría calificada. Sin embargo, esta herramienta legal también ha sido utilizada por el Partido Colorado en su beneficio, como demuestra el caso de Kattya González, subrayando cómo las iniciativas de la oposición pueden terminar sirviendo a los intereses del partido en el poder.
La decisión de impedir que senadores electos y proclamados, incluso con fallos de la Corte Suprema, ocupen sus bancas, ilustra otra faceta de esta problemática. Los casos de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes son ejemplos claros de cómo la oposición no tiene reparos para despreciar la voluntad popular cuando la misma expresa al pueblo colorado.
Este panorama revela no solo el doble estándar habitual en la política partidaria, sino también cómo la oposición, en su intento por crear mecanismos de control y limitación del poder del Partido Colorado, ha terminado por generar instrumentos que este partido ha sabido aprovechar en su beneficio.
En este intrincado escenario político, surge una reflexión inevitable sobre la naturaleza misma de las instituciones democráticas y los marcos legales que las rigen. ¿No debería ser inherente a una institución la premisa de su uso universal, sin restricciones, accesible a todos los actores políticos sin distinción? La lógica institucional sugiere que las normas y principios establecidos deben servir de manera general, proporcionando un marco de acción y limitación para todos, independientemente de su posición o afiliación política. Entonces, ¿por qué se genera sorpresa, indignación y enojo cuando el coloradismo, al igual que cualquier otro actor político, hace uso de estas normas y principios creados por la oposición o en un contexto de pluralidad democrática?
La sorpresa y el descontento no solo subrayan una falta de comprensión sobre la naturaleza de las instituciones democráticas, sino que también reflejan una desilusión ante la eficacia de estas estrategias cuando son utilizadas por aquellos a quienes se buscaba controlar o limitar. Este panorama nos desafía a reconsiderar nuestras expectativas sobre las normas democráticas y a reflexionar sobre cómo fortalecer nuestras instituciones de manera que promuevan una verdadera equidad, sin importar quién esté en el poder.
