La Cámara de Senadores sancionó la ley que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas”, que contempla un Consejo y Fondo Nacional de Alimentación Escolar de manera a garantizar este servicio para los estudiantes de todo el país.
La versión aprobada corresponde al proyecto tratado por la Cámara de Diputados el 20 de marzo, que incluyó entre sus modificaciones la precisión de que la Ley de Arancel Cero en las universidades y centros de educación superior públicos será financiada con recursos genuinos del Tesoro, y que esos recursos no podrán ser reducidos ni reprogramados.
Tras aprobar en general, fue presentada una moción para su aprobación en todos los artículos sin su estudio en particular, que fue aceptada por mayoría.
Hambre Cero
El proyecto deroga la Ley del Fonacide que administraba hasta la fecha pagos de compensación y por cesión de energía de la Itaipu Binacional. El 80% de esos recursos (unos US$ 240 millones anuales aproximadamente) serán destinados al proyecto de alimentación escolar. El 20% restante seguirá siendo administrado por los municipios conforme a la Ley del Fonacide.
Para el proyecto de alimentación escolar se crean la creación de un Fondo y Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae y Conae, respectivamente) para centralizar la cobertura y unificar las licitaciones de manera a garantizar el acceso a la alimentación en las escuelas en cada punto del país.
La cobertura de alimentación escolar actual es del 5% de la malla curricular, por lo que desde el Gobierno se impulsó el ambicioso proyecto para llegar a más de 1.300.000 estudiantes los 180 días del año.
El CONAE estará conformado por los ministros de Educación (MEC), de Economía y Finanzas (MEF), de Desarrollo Social (MDS), el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, y los presidentes del Consejo de Gobernadores y de la OPACI, en representación de los municipios.
Desde esta instancia se decidirán las mejores opciones para la provisión de alimentos a las escuelas y colegios, dependiendo de cada región del país. Conforme al objetivo del Gobierno de reducir la pobreza, serán priorizados en primera instancia los 22 municipios con mayores índices de pobreza, que también forman parte del programa del Gabinete Social de instalar mesas de protección social en los mismos.
