El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que probablemente hará “lo mismo que hizo Lugo” si la Corte Suprema anula la expulsión de Kattya González, dando a entender que no convocaría a la exsenadora para retomar su banca.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, adelantó cuál sería su postura en caso de que la Corte Suprema de Justicia anule la resolución del Senado por la cual fue expulsada la exsenadora Kattya González en febrero de 2024.
“Probablemente voy a hacer lo mismo que hizo Lugo”, expresó el titular del Poder Legislativo, en alusión a la decisión adoptada en 2018 por Fernando Lugo cuando presidía el Congreso y no convocó a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos para jurar como senadores activos, pese al fallo favorable de la Corte Suprema.
Las declaraciones de Núñez dan a entender que, en caso de un fallo favorable a González, tampoco impulsaría su retorno efectivo a la Cámara Alta.
Al ser consultado nuevamente sobre la resolución pendiente de la Corte respecto a la acción promovida por la exlegisladora, Núñez respondió: “La expectativa de todo ciudadano, que los poderes sean respetados. Yo soy representante del Poder Legislativo”.
El presidente del Senado también sostuvo que el Ministerio Público no tiene incidencia sobre la decisión política adoptada por la Cámara Alta respecto a la pérdida de investidura de Kattya González.
“El juicio de pérdida de investidura es un juicio político, la Fiscalía no tiene nada que hacer acá”, manifestó.
Las expresiones de Núñez se producen pese a que la propia Fiscalía había dictaminado en junio de 2024 que la expulsión de González resultó “inconstitucional” y recomendó a la Sala Constitucional hacer lugar a la acción promovida por la exsenadora.
El dictamen fiscal sostiene que el Senado se apartó de la Resolución 429/2023 al aprobar la pérdida de investidura con 23 votos, cuando en ese momento se requerían 30 votos para concretar la expulsión de un legislador.
Asimismo, el Ministerio Público había desestimado previamente la denuncia presentada contra González por presunto tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios y otros hechos relacionados con el caso de sus asesores.
De acuerdo con sectores de la oposición, solamente resta el voto del ministro César Diesel para que la Corte Suprema emita una decisión definitiva sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora para recuperar su banca.
