El Consejo de Rectores y los gremios del sector privado articulan el recurso judicial. Previamente, representantes del grupo se reunieron con referentes de seguridad y pidieron el cierre de la ANEAES.
Un grupo de universidades privadas, con representación en el Consejo de Rectores y en los gremios del sector, se apresta a presentar un amparo judicial para funcionar al margen de los procesos de acreditación de la ANEAES. La resolución del ministro Luis Ramírez fija plazos para que todas las instituciones de educación superior ingresen al proceso de evaluación, y el grupo de afectados orienta su respuesta a los tribunales.
La presión sobre el sistema regulador ya tomó otra forma antes del amparo. Trascendió que representantes de estas instituciones se reunieron con referentes del sector de la seguridad y plantearon el cierre de la ANEAES como salida al conflicto. El argumento que presentaron ante esos interlocutores fue el “daño económico” que les genera verse obligadas a elevar sus estándares académicos.
La resolución del ministro Ramírez establece el calendario para que cada casa de estudio someta sus procesos a la evaluación de la ANEAES, y traduce en plazos concretos la obligación legal de acreditarse que la normativa vigente ya exige a las instituciones de educación superior.
Las instituciones involucradas son a lo sumo siete, según la lectura del sector. Su perfil responde al de universidades de gestión precaria y trayectoria académica escasa, con peso marginal dentro del conjunto del sistema de educación superior.
Los estudiantes de hoy llegan a la universidad con información sobre la importancia de la acreditación, y distinguen entre un título respaldado por evaluación y uno expedido al margen de ese circuito. La elección de cada alumno orienta los recursos hacia las instituciones que asumen la evaluación, y el mercado educativo acompaña ese movimiento con rapidez. La maniobra judicial encontrará su respuesta en esa dinámica.
