El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó que, en los tres años de la actual gestión, aumentó un 350% la entrega de títulos de propiedad a beneficiarios de la reforma agraria —de un promedio de 900 a 4.000 por año— pese a operar con un presupuesto 75% menor que en períodos anteriores. La institución atribuyó el resultado a la estrategia de barrido predial masivo.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) presentó un balance de los tres años de la actual administración, en el que destaca haber aumentado un 350% la cantidad de títulos de propiedad entregados a beneficiarios de la reforma agraria. De esta manera, la entidad pasó de un promedio de 900 a 4.000 títulos anuales, un salto que —según remarca— se logró pese a contar con un presupuesto considerablemente menor que en el pasado.
Según precisó la institución, en períodos anteriores el presupuesto anual del Indert superaba los G 500.000 millones, mientras que actualmente ronda los G 130.000 millones, una reducción cercana al 75%. Pese a esa menor disponibilidad, la entidad sostuvo que la recuperación de la confianza de los beneficiarios de la reforma agraria y la política de titulación masiva fueron determinantes para sostener el ritmo de entrega de documentos.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que la institución enfrenta una demanda social que supera ampliamente sus posibilidades presupuestarias, aunque —sostuvo— esa situación no impidió avanzar en soluciones concretas mediante la titulación masiva, la modernización de los procedimientos y la optimización de los recursos humanos y técnicos. El principal cambio impulsado por la gestión, señaló, fue el reemplazo progresivo de los trámites individuales por el Barrido Predial Masivo (BPM), una metodología de intervención integral que permite relevar y procesar de forma simultánea numerosos lotes de un mismo asentamiento o colonia, acelerando la mensura, la regularización y la titulación.
La estrategia busca que el Estado deje de actuar únicamente cuando cada beneficiario inicia individualmente un trámite y pase a intervenir en el territorio para identificar, ordenar y resolver de manera colectiva los problemas de tenencia de la tierra. El Indert enmarca esta política en un plan más amplio de desarrollo rural denominado «Nueva Ruralidad», que concibe el título de propiedad no solo como un documento jurídico, sino como una herramienta de desarrollo que da seguridad sobre la tierra, facilita el acceso al crédito y a programas productivos, y permite a las familias invertir, producir y transmitir legalmente su patrimonio a las siguientes generaciones. Con ese enfoque, la institución busca que la reforma agraria deje de medirse solo por la cantidad de tierras distribuidas y pase a evaluarse también por la cantidad de familias que reciben seguridad jurídica.
