El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas, acusados por el presunto desvío de G. 2.130 millones en la compra de kits de alimentos durante la pandemia.
El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos declaró abierto este lunes el juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas, en el marco del caso conocido como «Tía Chela». La apertura de la audiencia tuvo un primer incidente con uno de los abogados defensores, Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, quien pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. El tribunal rechazó el planteo y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez habían formulado la acusación en junio de 2024 contra Prieto y otras diez personas, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Además del exintendente, están procesados como autores Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, y como cómplices Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez.
Al iniciar la etapa de incidentes, el fiscal Corbeta pidió la incorporación como testigo calificado del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, luego de que la propia defensa presentara una nota firmada en marzo de 2020 por Fermín Ávalos, representante de la empresa Tía Chela, que según el fiscal fue objeto de un sumario de oficio de la DNCP que detectó inconsistencias en la licitación realizada por vía de excepción. La defensa de los once acusados se opuso a la inclusión de ese testimonio y de los demás informes solicitados por la Fiscalía.
El Ministerio Público pidió además sendos informes a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A la CGR le solicitó precisar si esa misma nota fue analizada durante la elaboración de su dictamen técnico N.º 44/2021 sobre la licitación del kit de alimentos, en el que el organismo de control había concluido que la comuna esteña favoreció la adjudicación del contrato a la empresa Tía Chela. A la DNIT le pidió, en tanto, información sobre la trazabilidad de las facturas y la mercadería provista a la comuna, para establecer si la empresa comunicó un cambio de marcas en los productos licitados, un punto sobre el que, según explicó Corbeta, «versa principalmente» la teoría del caso de la Fiscalía.
El juicio se inicia más de un año después de la acusación formal presentada en junio de 2024, y define la responsabilidad penal de Prieto y los otros diez acusados por el presunto desvío de G. 2.130 millones de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
