La pobreza en Paraguay pasó del 57,7% en 2002 al 16% en 2025, mientras la clase media casi se duplicó durante el mismo período. Al mismo tiempo, las demandas de la ciudadanía se hicieron más frecuentes y más exigentes. Ambos procesos están vinculados: cuando una sociedad deja atrás ciertas carencias básicas, cambia también aquello que considera aceptable y, por lo tanto, aquello que está dispuesta a exigir.
Una familia en situación de pobreza reclama, ante todo, que los servicios existan: una escuela, un puesto de salud, agua corriente, transporte. Cuando mejora su situación, el reclamo no desaparece, sino que cambia de naturaleza. Ya no alcanza con que exista un hospital; se exige que tenga médicos, medicamentos e insumos. Ya no basta con que un hijo pueda ingresar a la universidad; aparece la pregunta por la calidad de la formación y por el valor efectivo del título. Tampoco es suficiente que pase un colectivo: se espera que cumpla un horario y llegue en condiciones. El progreso eleva el umbral desde el cual una sociedad juzga a sus instituciones.
Ese cambio puede medirse. La clase media paraguaya representaba el 24,6% de la población en 2001 y llegó al 42,7% en 2024, según cifras del Banco Mundial citadas por el director del Instituto Nacional de Estadística. En poco más de dos décadas, un segmento que comprendía aproximadamente a una cuarta parte de la población pasó a abarcar a más de cuatro de cada diez paraguayos. Es una transformación económica que modifica, al mismo tiempo, las expectativas sociales, el vínculo con el Estado y la idea misma de bienestar.
Los datos que acompañan ese proceso tampoco pertenecen a la retórica de un gobierno. La pobreza descendió del 57,7% en 2002 al 16% en 2025, la pobreza extrema cayó al 2,4%, el desempleo cerró en 3,6% y la economía creció 6,6%. El Banco Mundial sostiene que Paraguay demuestra que un crecimiento sostenido puede reducir de manera significativa la pobreza en dos décadas; entre 2024 y 2025, además, las tres principales calificadoras de riesgo del mundo le otorgaron el grado de inversión. El Banco Central sitúa uno de los quiebres decisivos en 2003, con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, cuando el país comenzó a dejar atrás una crisis prolongada, ordenó sus cuentas y abrió un ciclo de quince años de crecimiento, con un promedio cercano al 4,4% anual.
El fenómeno fue descrito hace más de un siglo y medio. Alexis de Tocqueville observó en 1856, al analizar la Revolución Francesa, que el malestar no necesariamente alcanza su punto máximo cuando las condiciones son peores, sino cuando una sociedad que ha comenzado a mejorar percibe con mayor claridad todo aquello que todavía le falta. De allí proviene lo que después se conocería como efecto Tocqueville: la mejora ensancha el horizonte de lo posible y, con él, las expectativas. Una carencia tolerada durante décadas puede volverse insoportable cuando empieza a parecer evitable. El apetito aumenta con lo que se le da de comer.
Albert Hirschman ofreció en 1973 una imagen todavía más intuitiva, elaborada a partir de su experiencia con el desarrollo latinoamericano. Imaginó dos carriles detenidos dentro de un túnel. Cuando uno comienza a avanzar y el otro permanece inmóvil, quienes siguen detenidos interpretan al principio el movimiento ajeno como una señal favorable: si el otro carril avanza, quizá el propio también lo haga en breve. Si el tiempo pasa y la espera continúa, sin embargo, la esperanza se transforma en irritación. El progreso ajeno, que primero funciona como promesa, termina siendo percibido como agravio.
Algo de eso aparece en los reclamos actuales. La huelga médica no plantea solamente una discusión salarial, sino también cuestiones vinculadas con el presupuesto de la red hospitalaria, los medicamentos, los insumos y la infraestructura. Los docentes que pararon el año pasado reclamaban mejores condiciones de trabajo e infraestructura, además de aumentos. Las movilizaciones por vivienda expresan, a su vez, una demanda por acceso a bienes que para muchas familias estaban fuera de su horizonte apenas dos décadas atrás. La mejora económica no produce automáticamente conflicto; produce una sociedad con mayores expectativas y menos dispuesta a aceptar servicios deficientes.
Reconocer ese origen no vuelve menos legítimas las demandas. Paraguay sigue teniendo un 16% de su población en situación de pobreza y conserva brechas territoriales, sociales y de acceso a servicios que justifican reclamos concretos. La conclusión política, por lo tanto, no consiste en responder a las nuevas exigencias recordando cuánto mejoraron las estadísticas. Un país que redujo de manera importante la pobreza ya no puede ser gobernado con el mismo repertorio de respuestas que utilizaba cuando la prioridad era superar la privación básica. La sociedad que ese proceso ayudó a construir exige más precisamente porque espera más.
Allí aparece también el riesgo que encierra la metáfora del túnel de Hirschman. La paciencia de quien espera que su carril avance tiene un límite; si la promesa de movilidad se prolonga demasiado sin convertirse en experiencia concreta, la expectativa termina convirtiéndose en frustración. Paraguay tiene hoy una clase media mucho más amplia, con aspiraciones que llegaron para quedarse y que seguirán elevando la vara sobre la calidad de los servicios, la eficacia del Estado y las oportunidades de progreso. Frente a esa sociedad, exhibir solamente las cifras de reducción de la pobreza será cada vez menos suficiente. Haber resuelto una parte del problema no reduce las obligaciones del gobierno: las vuelve más complejas.
