El Banco Central informó al Senado que ueno bank subsanó, dentro de los plazos legales, excesos en los límites de créditos a empresas vinculadas, sin sanciones por esos ajustes. También comunicó un sumario sobre otra operación, todavía sin resolución definitiva. En ciertos medios, ambas circunstancias anticiparon una condena, como si corregir una observación equivaliera a admitir un delito y abrir un expediente dispensara de probarlo. Curiosa inversión del derecho administrativo: primero se dicta sentencia, después se reclama que el regulador la confirme.
El Banco Central no está para favorecer a ninguna institución financiera, pero tampoco para castigar la innovación o proteger posiciones comerciales adquiridas. Su mandato consiste en preservar la estabilidad, integridad y eficacia del sistema, aplicando reglas iguales a todos. El mercado exige confianza, no derechos adquiridos sobre clientes, depósitos ni márgenes de rentabilidad. La antigüedad tampoco otorga preferencia jurídica frente a nuevos competidores.
Paraguay necesitó décadas para reconstruir su institucionalidad financiera tras las crisis de 1995, 1997 y 2002. La autonomía del Banco Central y la supervisión permitieron recuperar una confianza cuya pérdida afectó a miles de ahorristas. Resultaría paradójico que semejante conquista terminara subordinada a disputas políticas, intereses comerciales y tribunales improvisados desde las redacciones.
Los cuestionamientos a ueno bank abarcan depósitos públicos, inversiones tecnológicas, operaciones crediticias y empresas vinculadas, materias que exigen pruebas específicas. La acumulación de imputaciones no suple la carga probatoria. Una observación subsanada, un sumario pendiente y una infracción declarada por resolución firme no son equivalentes. Los principios de legalidad, tipicidad, debido proceso y derecho a la defensa rigen incluso cuando la institución investigada despierta antipatías políticas. Puede parecer una formalidad engorrosa, pero para eso existen las garantías.
Tampoco los números sostienen la imagen de un banco dependiente de fondos públicos. A junio de 2026, ueno bank declaraba 2.800 millones de dólares en depósitos, el 71% procedente del sector privado, un patrimonio cercano a 401 millones y un índice de capital regulatorio del 14,5%, superior al mínimo exigido. Su financiamiento incluye capital internacional y una emisión de bonos por 350 millones de dólares. Explicar su expansión únicamente por los depósitos estatales significa omitir la mayor parte de su estructura financiera.
Pero lo decisivo es la innovación. ueno bank declaró inversiones tecnológicas de 120 millones de dólares en dieciocho meses, más de tres millones de clientes y setenta millones de transacciones mensuales. Según la entidad, 1,2 millones de personas abrieron allí su primera cuenta bancaria y una de cada tres transferencias del país pasa por sus sistemas. Por su escala y participación en los pagos, no hablamos de un experimento marginal, sino de un banco sistémicamente relevante, integrado a la vida económica cotidiana.
Durante años escuchamos hablar de bancarización, digitalización y reducción de costos. Ahora que una entidad transforma el mercado, la modernización parece inconveniente. Se celebra la competencia, siempre que los competidores permanezcan donde estaban. Una especie de capitalismo con derechos sucesorios, donde las cuotas de mercado integran el patrimonio familiar y cualquier recién llegado exitoso debe ofrecer explicaciones por su impertinencia.
Las entidades tradicionales tienen intereses legítimos, pero no se confunden con el interés general. La estabilidad financiera no implica congelar el reparto de clientes, ni proteger a los depositantes equivale a reservar sus depósitos para los mismos administradores. Tampoco corresponde que las amistades de los accionistas o sus afinidades gubernamentales sustituyan el examen de normas, balances y operaciones. Si hubo favorecimiento indebido, que se pruebe; la proximidad política, por sí sola, no configura un ilícito bancario.
La prensa puede investigar y el regulador debe controlar, cada cual dentro de sus atribuciones. Exigir independencia al Banco Central mientras se pretende dictarle el resultado de sus actuaciones constituye una peculiar defensa de la autonomía institucional. Cuando está involucrada una entidad de semejante gravitación, la información compromete un bien público: la confianza financiera.
La cuestión relacionada a ueno bank consiste en exigir reglas iguales, supervisión rigurosa y libertad para competir e innovar. Después de décadas de reconstrucción, sería un retroceso convertir al Banco Central en instrumento de disputas comerciales o políticas. Si el crecimiento de ueno bank altera posiciones consideradas intocables, el problema no está en la competencia, sino en quienes la celebran con una discreta condición: que nadie tenga la ocurrencia de competir demasiado.
