La crisis de la educación superior paraguaya ha dejado al descubierto algo más grave que las deficiencias académicas: la existencia de un sistema de controles incapaz de impedir irregularidades que comprometen la fe pública y la calidad de la formación profesional. Frente a esta realidad, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) tomó una iniciativa sin precedentes. Con autonomía técnica, independencia institucional y sin someterse a los lobbies políticos y económicos del sector, decidió mostrar lo que durante años permaneció oculto detrás de estadísticas complacientes y silencios administrativos.
La ANEAES no se limitó a denunciar una situación conocida. Produjo evidencia y remitió al Ministerio Público un informe técnico sobre 138.256 títulos universitarios, de los cuales más de 71.000 corresponden a carreras sin acreditación vigente. Entre ellos figuran miles de titulaciones de carreras sujetas a acreditación obligatoria conforme al artículo 2 de la Ley 2072/2003, como Medicina y Derecho. Más grave todavía es la existencia de casos sospechosos de expedición de títulos en carreras que ni siquiera contarían con la habilitación correspondiente. No toda ausencia de acreditación implica falsedad de un título, pero estos hallazgos exigen investigar responsabilidades administrativas y penales. Esa es precisamente la diferencia entre una institución que cumple su misión y otra que administra su propia irrelevancia.
A este escenario se suman las contundentes declaraciones de la fiscala Teresa Sosa, quien denunció la existencia de protección política detrás del negocio de los títulos falsos y cuestionó la ineficacia de los controles del Ministerio de Educación y Ciencias y del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Su afirmación resulta particularmente reveladora: si no existiera protección política, los controles funcionarían. La Fiscalía deberá determinar quiénes brindan esa protección y cuáles son sus responsabilidades. Pero la pregunta institucional ya resulta inevitable: ¿cómo pudo prosperar semejante negocio bajo la vigilancia de los organismos encargados de impedirlo?
El caso del CONES merece una discusión especial. Se trata de una institución cuyo diseño permite que representantes de las propias universidades participen en la regulación del sector al que pertenecen. Esta confusión entre reguladores y regulados constituye una puerta abierta a la captura corporativa del Estado. No sorprende que, bajo semejante arquitectura, la fiscalización haya resultado insuficiente y las responsabilidades se diluyan entre representantes, comisiones y procedimientos. La autonomía universitaria no puede convertirse en una coartada para garantizar la impunidad de los negocios educativos. Mucho menos cuando están en juego profesiones cuyo ejercicio compromete la vida, la integridad y los derechos de las personas.
La absorción del CONES se ha convertido en una necesidad impostergable. Su estructura actual carece de justificación frente a los resultados de un sistema regulatorio que no logra garantizar el cumplimiento de sus propias exigencias. Sus competencias deben redistribuirse mediante una reforma legal hacia organismos públicos profesionalizados, independientes de los intereses económicos del sector y sujetos a mecanismos efectivos de fiscalización. La ANEAES debe preservar y fortalecer su autonomía y sus atribuciones técnicas de evaluación y acreditación. No se trata de multiplicar organismos ni de cambiar autoridades para conservar los mismos vicios, sino de recuperar para el Estado la capacidad de ejercer sus funciones regulatorias.
La actuación de la ANEAES ha demostrado que la independencia institucional no es una consigna vacía, sino una condición para producir resultados y defender el interés público. Mientras algunos organismos parecían conformarse con administrar la precariedad del sistema, la Agencia decidió documentarla y ponerla en conocimiento de la Justicia.
Esa diferencia obliga a una conclusión política: el Estado no puede seguir financiando estructuras incapaces de proteger aquello que fueron creadas para garantizar. La educación superior necesita calidad, legalidad y controles efectivos, no organismos donde los intereses particulares terminan sustituyendo a la autoridad pública. El problema del CONES ya no se resuelve cambiando a sus integrantes. Se resuelve terminando con el modelo institucional que hizo posible su fracaso.
