Los gobiernos de Lugo y Franco ostentan un vergonzoso récord hasta ahora no superado por ningún otro gobierno, el de ser el período con mayor cantidad de ministros y funcionarios procesados por diversos casos de corrupción.
Esto no impide que algunos de sus integrantes se sigan presentando como paladines de ética pública, olvidando el pasado que protagonizaron, plagado de saqueos, malversaciones, asociaciones ilícitas para delinquir, sobrefacturaciones escandalosas y obras fantasmas de todo tipo.
En medio de un aparente ataque de amnesia, la cuenta de Twitter del Frente Guasu publicó un video donde el Senador Hugo Richer se «escandaliza» por supuestos casos de corrupción que son adjudicados al actual gobierno. Como la oposición nunca hizo una mínima autocrítica de su pasado gubernamental, resulta oportuno un repaso del historial de corrupción que caracterizó a los protagonistas de la alternancia.
Luis Alberto Riart, ministro de la era Lugo, protagonizó el mayor retroceso educativo de la historia de la democracia. Su gran legado es la compra sobrefacturada de un edificio para el Ministerio de Educación, hoy convertido en aguantadero de maleantes, microtraficantes de drogas y proxenetas. Fue condenado a prisión en segunda instancia por haber generando un daño patrimonial de Gs. 14.000 millones.
Otro ministro de la era Lugo, Enzo Cardozo a cargo del Ministerio de Agricultura, fue imputado por desvío de fondos del Programa Nacional de Fomento Pecuario, perjudicando al erario público por más de Gs. 60 mil millones. Fue condenado a años de prisión, mientras que su sucesor Rody Godoy fue condenado a 7 años de prisión.
El caso Kencho Rodríguez: ex director de la EBY por ser el amigo personal de Lugo. Realizó una contratación directa por valor inicial de 100 millones de dólares para la reparación de turbinas averiadas de la hidroeléctrica. La EBY finalmente desembolsó más de 200 millones de dólares. Solo en anticipos pagaron 100 millones de dólares, en otra grave irregularidad que consta en los archivos.
Además de contrataciones masivas, la adjudicación de contratos a empresas de familias amigas; sobrefacturación de equipos informáticos y alimentos en la EBY, «Kencho» Rodríguez nombró a su propia hija en la Entidad, en un acto de nepotismo desvergonzado.
El saqueo en la EBY durante el gobierno de Lugo no tuvo tregua. El reemplazante de Kencho, Enrique Cáceres Rojas, persona de confianza del ex obispo, fue imputado por pagos irregulares de indemnizaciones a personas que supuestamente sufrieron pérdidas definitivas de sus actividades económicas, como consecuencia de obras realizadas por la binacional. Esta situación habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G 9.360.000.000.
Durante el breve pero insaciable gobierno de Federico Franco, la EBY también pagó vuelos de campaña a Efraín Alegre, además de destinar ingentes recursos a su derrota electortal.
La desfachatez de la ex «Alianza Patriótica para el Cambio» que llevó a Lugo y Franco al poder llegó al punto de robarle alimentos a los niños y adolescentes de escasos recursos. El hecho compromete al exsecretario nacional de la niñez, José María Orué Rolandi. La sobrefacturación fue de Gs. 3.600 millones.
«La Ruta de la mentira», a cargo del entonces exministro de obras públicas Efraín Alegre, conocido perdedor serial de contiendas electorales y autodenominado «presidente moral del Paraguay». El perjuicio al país ronda más de US$ 7,5 millones, hecho que quizás aclara la razón por la que Alegre lleva más de una década sin declarar empleo alguno, pero ostentando un altísimo nivel de vida.
Otro hombre fuerte de Alegre durante el luguismo fue Germán Fatecha, ex presidente de la ANDE, quien malversó la friolera suma de 85 millones de dólares. Este es uno de los tantos legados de quienes hoy hablan de «soberanía enérgetica» y «transparencia de los recursos energéticos».
«Caso coquitos de oro», emblemática sobrefacturación en la Secretaría de Emergencia Nacional durante el luguismo, por más de de G. 1.224 millones, a cargo de Camilio Soares, quien actualmente -después de años de chicanear- enfrenta el juicio. La SEN funcionó como una despensa del extinto PMAS, cuyos integrantes se dedicaron a la rapiña voraz de recursos públicos. Tuvieron su segundo capítulo de asalto durante la gestión municipal de Mario Ferreiro, donde elementos residuales del PMAS se dedicaron a recaudaciones paralelas en el sonado caso de los «asados de fines de semana».
«Compra de helicópteros«, obra de Carlos y Rafael Filizzola, cuando se desempeñaban en el Ministerio del Interior. Por este caso, al marido de Desirée Masi se lo apodó «Filicóptero». El daño patrimonial fue de Gs. 47.000 millones. Rafael Filizzola volvió a mostrar la hilacha en una obra de refacción de comisarías, haciendo presuntamente pagos irregulares. Quebranto de más de Gs. 1.132 millones.
En el Indert, Luis Ortigoza, campeón de la venta irregular de tierras causó un perjuicio por más de Gs. 102 mil millones. Recordado rematador de tierras de la reserva natural de Itaipú. Además, entre gallos y medianoche, para sellar una alianza electoral con UNACE, pagó 46 mil millones de guaraníes a Oviedo Matto. En febrero de este año año se ordenó su captura por ausentarse del juicio oral y público.
También desde el Ministerio de Obras Públicas, el liberal Salyn Buzarquis debió enfrentar la acusación de haber adjudicado contratos sin licitación por la desorbitante suma de US$ 500.000. Este personaje afronta además periódicas demandas por prestación de alimentos, lo que lo vuelve no solo corrupto, sino miserable.
Esperanza Martínez, ex ministra de Salud de Lugo, en un contexto de absoluta normalidad, sin problemas de escasez ni guerra geopolítica por insumos, compró medicamentos sobrefacturados, por más de 40 años, según informó el diario Última Hora: «La pérdida económica por medicamentos vencidos en parques sanitarios asciende a unos G. 14.000 millones. Según proyecciones, los fármacos fueron adquiridos para su consumo entre 9, 16 y 40 años.»
En la Senavitat, el luguista Gerardo Rolón Pose hizo un millonario adelanto a un contrato posteriormente incumplido, perjudicando al Paraguay por un monto de Gs. 647 millones. Afronta un juicio por lesión de confianza.
El nepotismo de la familia Lugo-Méndez-Maidana fue brutal: más de 20 parientes directos del Mandatario fueron ubicados en importantes instituciones como Itaipú, Yacyretá, ANDE, MOPC y el Despacho de la Primera Dama. Vergonzosa fue la defensa que hizo de esto la entonces secretaria de la Función Pública, Lilian Soto, al presentar un dictamen jurídico en el que señalaba que los parientes no estaban en una situación de dependencia directa.
El PLRA demostró su odio a los pueblos originarios con el sonado caso de Rubén Darío Quesnel, ex titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). El ex funcionario fue condenado a 10 años de prisión, más 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y 50 días multa, como litigante de mala fe. Fue hallado culpable de los delitos de lesión de confianza y apropiación, por desviar nada menos que 3.127 millones de guaraníes, que eran para dos comunidades indígenas.
Por otra parte, según informa el diario ABC Color, en fecha 1 de septiembre de 2016, «El Tribunal de Sentencia condenó a tres años de prisión al expresidente de Petróleos Paraguayos SA (Petropar) Sergio Escobar por delitos ambientales detectados durante su administración al frente de la petrolera estatal.»
Documentos fraguados en Senacsa, refiere el diario ABC Color en un recuento de estos casos de corrupción durante la era Lugo. En la citada publicación se lee que «Las actas de vacunación contra la fiebre aftosa correspondientes a la estancia La Blanca SA fueron adulteradas por Senacsa, durante la administración de Daniel Rojas, a fin de evitar sacrificar unos 10.000 animales. En setiembre del año pasado se detectó el foco de aftosa en un retiro de La Blanca, donde hasta febrero figuraba que contaban con 10.000 animales, en 10.000 hectáreas. Llamativamente, cuando detectan la aftosa, La Blanca ya se había dividido en tres establecimientos: La Blanca, Pozo Itá y Santa Helena. El brote se dio en Santa Helena, donde supuestamente solo había 819 animales, los cuales fueron sacrificados. La institución actuó de cómplice para encubrir a la estancia donde se dio el brote de aftosa.»
Estos son solamente algunos casos de un gobierno que asaltó las arcas públicas de manera sistemática e ininterrumpida durante cinco años. Dilapidaron la oportunidad que la sociedad les concedió, volviendo por eso al lugar que más les agrada: el de ser una oposición acomodada, vocera de la indignación estéril. En su paso por el poder demostraron no solamente ser corruptos sino insuperablemente ineptos para garantizar estabilidad, orden y proyección en el largo plazo.
