En las últimas semanas estallaron denuncias en las redes sociales sobre abusos, explotación inhumana y violación sistemática de todas las normativas laborales.
Los testimonios se siguen multiplicando, tienen nombre y apellido. Son personas de carne y hueso que denuncian el costado más siniestro del mercado laboral paraguayo: precarización, chantajes, violencia contra el pueblo trabajador, ausencia de libertad sindical efectiva y desfinanciamiento de las instituciones encargadas de controlar el cumplimiento de las leyes laborales.
El imperio de la ley que caracteriza a todo Estado de Derecho y que siempre ha sido reivindicado con fuerza por el Gobierno no puede tener excepciones, sino que debe recaer con vigor sobre toda persona que viola normativas que tienen rango constitucional.
Los graves denuncias de miles de trabajadores que viven en la precariedad laboral muestran el rotundo fracaso del autoempleo y el emprendedurismo como políticas promovidas por el Ministerio de Trabajo.
No se puede tapar el sol con un dedo y negar que la cultura del “emprendedurismo” se utiliza muchas veces para promover un discurso individualista, que niega el carácter colectivo de determinados problemas, impidiendo la organización de los trabajadores para posibilitar negociaciones más justas entre estos y sus empleadores.
La iniciativa privada no puede darse en el vacío, no puede atribuirse para sí privilegios que la eximen del imperio de la ley, ni puede dejar de estar enmarcada por instituciones que arbitren con justicia los conflictos entre empleadores y empleados.
La iniciativa privada debe sin dudas encontrar apoyo por parte de las autoridades, el Estado debe proveer facilidades para montar nuevas empresas. Pero los emprendimientos, en todos los casos, deben ajustarse al respeto de los derechos y garantías de los empleados que contraten.
Por eso, de nada sirve tener un Ministerio del Trabajo si su desfinanciado Observatorio Laboral no puede generar conocimiento sobre la situación de miles de compatriotas.
¿Cómo pensar los grandes problemas nacionales sin un correcto análisis de datos, en base al exhaustivo conocimiento de la distribución de nuestra población trabajadora?
Tampoco sirve tener un Ministerio del Trabajo si la cantidad de fiscalizadores en materia laboral no supera la veintena, siendo que la masa laboral supera los tres millones y medio de ocupados.
En este sentido, se debe también mencionar la inoperancia del Ministerio de la Defensa Pública -en manos de la oposición- cuyos defensores públicos laborales actúan como simples apéndices de la patronal.
El Ministerio de Trabajo debe dar un giro en sus políticas públicas respecto a lo laboral: hoy por hoy el drama que atraviesan los trabajadores vuelve urgente el abandono de las políticas públicas que exacerban el autoempleo.
Así, se debe romper con los perimidos discursos de «superación individual», sobre todo cuando en el mundo vuelve con fuerza el papel regulador e interventor del Estado.
Los empresarios actúan con lógica económica, es decir, buscan minimizar costos y maximizar ganancias. Por eso, pretender depender de su buena voluntad para la aplicación de normas laborales es una actitud ingenua o cínica. El Estado debe hacer cumplir la ley.
No existe país desarrollado alguno que tenga altos niveles de autoempleo o cuentapropismo y buenos indicadores en materia de educación, de salud y bienestar de su población. Por el contrario, en dichos países la nota característica es la disgregación de las familias, el exilio económico, la angustia y los bajos niveles respecto a la esperanza de vida.
En la historia misma del partido oficialista se encuentran los fundamentos para legitimar una defensa más clara del empleo, la libertad sindical y el rol interventor del Estado, sobre todos si recordamos que la ANR nunca se consideró una fuerza política anti-estatal y anti-obrera.
Es urgente encarar políticas públicas unificadas de fuertes incentivos a la formalización, obligando a las empresas a respetar las garantías laborales, a mejorar los mecanismos de control.
Asimismo, es imperativo que el Gobierno regule con determinación y fuerza los subsidios a las empresas hoy afectadas, otorgándoles el auxilio solo a aquellas empresas que no maltraten, que no despidan injustificadamente y no vulneren los derechos de ningún compatriota.
El Paraguay no puede seguir pensando la suerte de su población trabajadora bajo horizontes agotados, menos cuando en el centro del capitalismo mundial se habla de renta básica y seguros permanentes de desempleo.
Las fuerzas que quieran dirigir el futuro de nuestro país deben tener plena conciencia que la pandemia del coronavirus asestó un golpe a la ideología del individualismo emprendedurista, mostrando que sin instituciones fuertes, garantía estatal y fortalecimiento de lo público, es imposible que el trabajo se desenvuelva bajo estándares mínimos de humanidad
