El prófugo de la justicia paraguaya Juan Arrom no puede ser encontrado por las autoridades brasileñas, quienes lo buscan para notificarle que se ha iniciado un proceso de revocación de su status de refugiado.
Arrom tiene un juicio pendiente en nuestro país por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. El gobierno de Mario Abdo Benítez hizo un pedido expreso al gobierno brasileño para le deje dar refugio.
La información de la fuga de Arrom fue dada a conocer por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en el curso de una entrevista con un medio radial de la capital.
La solicitud de revocación del status de refugiado, con el que fue beneficiado Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán tras huir al Brasil en el año 2003, fue presentada el pasado 10 de enero por el entonces viceministro de Relaciones Exteriores y actual embajador en Brasil, Hugo Bernardino Saguier Caballero, al canciller del vecino país, Ernesto Araújo, durante un encuentro que ambos mantuvieron en el Palacio de Itamaraty, Brasilia.
La revocación ya había sido solicitada tanto en 2004 como en 2010, sin embargo, el organismo que concede el status de refugiados en Brasil, denominado Conare (Comité Nacional de Refugiados) la había denegado.
Con la asunción el pasado mes de enero del presidente Jair Bolsonario, la conformación del Conare fue modificada, siendo así más viable el estudio de un nuevo pedido de revocatoria.
El Comité Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil está presidido por un representante del Ministerio de Justicia, ejerce la vicepresidencia un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y está integrada también por representantes de los ministerios de Salud, de Educación, de Trabajo y Empleo, por la Policía Federal y por organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades de asistencia: el Instituto Migraciones y Derechos Humanos (IMDH) y las Cáritas Arquidiocesanas de Río de Janeiro y São Paulo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también participa en las reuniones del órgano, pero sin derecho a voto.
Cabe recordar que tanto Arrom como Martí entablaron una demanda contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, por la supuesta implicancia de autoridades policiales en su hipotético secuestro, en un confuso episodio a comienzos del año 2002.
Por esta acción reclaman una “reparación” de más de 100 millones de dólares.
La sentencia de la Corte será dada a conocer antes de fin del presente año.
