Jorge Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, afirmó que hay “voces dentro de la política interesadas en la posibilidad y viabilidad de introducir un sistema de balotaje”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, reveló que hay debates sobre la implementación de un sistema de balotaje o segunda vuelta electoral en Paraguay. Esta medida, de ser considerada, requeriría modificaciones en la Constitución Nacional, según explicó.
“Existen voces dentro de la política interesadas en la posibilidad y viabilidad de introducir un sistema de balotaje o segunda vuelta electoral”, afirmó el presidente de la Justicia Electoral, en una entevista publicada en el diario Abc Color.
No obstante, enfatizó la importancia de consultar con expertos constitucionalistas antes de tomar decisiones definitivas, ya que cualquier cambio impactaría no solo el Código Electoral sino también la propia Constitución.
Bogarín González subrayó la necesidad de involucrar a especialistas en discusiones sobre la segunda vuelta electoral, dado que su implementación modificaría la forma de elección de autoridades y requeriría, posiblemente, una enmienda constitucional. A pesar de no revelar las propuestas específicas de la Justicia Electoral, aseguró que se mantienen reuniones constantes con diversos actores políticos para abordar este y otros temas electorales.
Además del posible balotaje, el presidente del TSJE mencionó que se están considerando modificaciones al Código Electoral en varios aspectos, incluyendo el voto preferencial, las leyes de financiamiento político, la obligatoriedad de debates entre candidatos y la designación de miembros de mesa. Estas discusiones se están llevando a cabo con la participación de actores políticos y representantes de la sociedad civil.
Bogarín González resaltó la importancia de estos cambios, señalando que implicarán un proceso intenso de análisis y discusión de propuestas antes de las elecciones municipales de 2026. Asimismo, destacó la revisión en curso de las funciones de los funcionarios de la Justicia Electoral, particularmente en los registros electorales, el fortalecimiento de procesos de concurso para el ingreso al TSJE y una lucha más intensa contra el planillerismo.
