El presidente Santiago Peña firmó el decreto 2.264, que reglamenta la Ley 7021 para mejorar la agilidad y transparencia en los procesos de adquisición del Estado, incluyendo la reducción de plazos y nuevas medidas de protección para proveedores.
Este jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto 2.264, que reglamenta la Ley 7021 «De Suministros y Compras Públicas», con el objetivo de optimizar la agilidad, eficiencia y transparencia en los procesos de adquisiciones estatales.
El director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, explicó en una conferencia de prensa que esta nueva reglamentación es el resultado de un proceso participativo que involucró a asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a cámaras y gremios. «Este decreto constituye un avance significativo en la gestión administrativa en materia de contrataciones públicas», afirmó Encina.
Entre las novedades del decreto, se incluyen la reducción significativa de los plazos para presentar protestas y recursos de reconsideración, así como para las respuestas de las instituciones públicas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Esto se espera que mejore la eficiencia de los procedimientos. Además, se introducen compras conjuntas, promoviendo la colaboración entre entidades, y se refuerza la cadena de responsabilidades en el suministro público, incluyendo nuevos actores previstos en la ley.
Otro aspecto destacado es la eliminación del requisito de consorciamientos previos a las licitaciones. Ahora, las empresas podrán formar consorcios después de haber sido adjudicadas, facilitando la participación en los procesos de contratación. Asimismo, la reglamentación contempla medidas de protección para los proveedores, permitiendo la suspensión del cumplimiento del contrato si el Estado demora más de 120 días en realizar pagos.
Finalmente, Encina señaló que se han establecido nuevos plazos procesales para que los procedimientos administrativos sean más expeditos, apuntando a hacer las compras públicas más ágiles, flexibles, transparentes, y eficientes. «Apuntamos a un instrumento normativo que fomente la competitividad y transparencia en las compras públicas», concluyó el director.
