Cuando el anticoloradismo fue gobierno dejó un récord de corrupción: ministros procesados, obras fantasmas y sobrefacturaciones millonarias. Hoy intentan posar de paladines de la ética.
Los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco ostentan un récord vergonzoso: el período con mayor cantidad de ministros y altos funcionarios procesados por corrupción en la historia reciente del Paraguay. Lejos de hacer autocrítica, hoy muchos de sus protagonistas pretenden erigirse como paladines de la ética pública, cuando su pasado está plagado de sobrefacturaciones, obras fantasmas, nepotismo y saqueo sistemático de las arcas del Estado.
El caso del “beato” Riart: el retroceso educativo más grave
Luis Alberto Riart, ministro de Educación en la era Lugo, es recordado como responsable del mayor retroceso educativo desde la transición democrática. Su “legado” fue la compra sobrefacturada de un edificio para el MEC —hoy convertido en aguantadero de maleantes, microtraficantes y proxenetas—, por la que fue condenado a prisión en segunda instancia. El daño patrimonial superó los Gs. 14.000 millones.
Riart es beatificado ahora por la élite intelectual de cartón, pese a haber echado por la basura un proyecto casi concluido del BID para un edificio sustentable, reemplazándolo por esa ratonera sobrefacturada que simboliza la decadencia del luguismo.
Agricultura saqueada
Enzo Cardozo, ministro de Agricultura, fue imputado por el desvío de más de Gs. 60 mil millones del Programa Nacional de Fomento Pecuario. Fue condenado a prisión, al igual que su sucesor, Rody Godoy, sentenciado a siete años.
Yacyretá: la caja negra del luguismo
El exdirector “Kencho” Rodríguez, amigo personal de Lugo, protagonizó una contratación directa de 100 millones de dólares para reparar turbinas, que terminó costando más de 200 millones. Solo en anticipos se pagaron 100 millones de dólares. A eso se sumaron nombramientos familiares, contratos a empresas amigas, sobrefacturación de equipos y alimentos.
Su reemplazo, Enrique Cáceres Rojas, fue imputado por pagos irregulares de indemnizaciones, con un perjuicio al Estado de Gs. 9.360 millones.
Durante el breve gobierno de Federico Franco, la EBY pagó vuelos de campaña a Efraín Alegre y destinó recursos millonarios a su aventura electoral.
Robo hasta en los alimentos escolares
El exsecretario nacional de la Niñez, José María Orué Rolandi, fue protagonista de una sobrefacturación de Gs. 3.600 millones en alimentos destinados a niños y adolescentes pobres.
La “Ruta de la mentira”
Efraín Alegre, exministro de Obras Públicas, cargó al país con un perjuicio de US$ 7,5 millones por la tristemente célebre “Ruta de la mentira”. Ese mismo Alegre, que se autoproclama “presidente moral”, lleva más de una década sin declarar empleo pero ostenta un altísimo nivel de vida.
Su hombre de confianza, Germán Fatecha, ex presidente de la ANDE, malversó 85 millones de dólares.
“Filicóptero” y otros desfalcos
Los hermanos Carlos y Rafael Filizzola convirtieron el Ministerio del Interior en otro foco de corrupción con la compra sobrefacturada de helicópteros por Gs. 47.000 millones. Rafael, además, fue investigado por pagos irregulares en refacciones de comisarías, con un quebranto de Gs. 1.132 millones.
Nepotismo y pillaje institucional
El Indert, bajo Luis Ortigoza, remató tierras de Itaipú y causó pérdidas por más de Gs. 102 mil millones. Incluso pagó Gs. 46 mil millones a Oviedo Matto en una transacción política vergonzosa.
El MOPC, bajo Salyn Buzarquis, adjudicó contratos sin licitación por US$ 500.000.
En Salud, Esperanza Martínez permitió compras de medicamentos sobrefacturados y vencidos que generaron pérdidas de Gs. 14.000 millones.
La Senavitat, dirigida por Gerardo Rolón Pose, realizó adelantos millonarios a contratos incumplidos.
El nepotismo de la familia Lugo-Méndez-Maidana colocó a más de 20 parientes directos en Itaipú, Yacyretá, ANDE, MOPC y hasta en el despacho de la Primera Dama.
El despojo a pueblos originarios
El liberal Rubén Darío Quesnel, ex titular del INDI, fue condenado a 10 años de prisión por desviar Gs. 3.127 millones destinados a comunidades indígenas.
Petropar y Senacsa, cómplices de la corrupción
El expresidente de Petropar, Sergio Escobar, fue condenado por delitos ambientales. En Senacsa, durante la administración de Daniel Rojas, se fraguaron documentos de vacunación contra la aftosa para encubrir a una estancia, provocando un brote que puso en riesgo la economía nacional.
El saqueo de las tierras del INDERT
El breve gobierno de Federico Franco no se quedó atrás en esa lógica de rapiña. A través del Indert, pagó más de G. 46.000 millones por 5.700 hectáreas que, según revelaciones periodísticas, estarían vinculadas a Oviedo Matto. Una operación a todas luces sobrefacturada, que exhibió el sello de ese periodo: negociados turbios, ministros procesados y un Estado reducido a caja chica de un anticoloradismo que batió récords en saqueo y corrupción.
