Con la promulgación de la Ley N.º 7564, el Gobierno de Santiago Peña da una respuesta real y rápida a un drama que golpea a miles de paraguayos: los abusos de la llamada “mafia de los pagarés” y sus tentáculos en el poder judicial y político. El Ejecutivo fija límites concretos —tope del 50% a los descuentos sobre salarios públicos y exclusión del aguinaldo y beneficios sociales— y demuestra que se hace cargo de un problema que conmocionó la agenda nacional.
El 6 de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión. Con la firma del presidente Santiago Peña, el Estado paraguayo dio un paso firme para poner fin a un esquema que, durante años, dejó atrapadas a familias enteras en un círculo de deuda, abuso y desprotección. La Ley N.º 7564 no es un gesto simbólico: es una medida con impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de trabajadores públicos.
Durante meses, la sociedad debatió con indignación el alcance de una red que utilizó pagarés para ejecutar deudas bajo mecanismos judiciales irregulares, generando descuentos automáticos sin control. La indignación se extendió por el país, y el Gobierno respondió con celeridad y determinación. La nueva ley protege el sustento familiar, impone un límite del 50% a los descuentos sobre los salarios, excluye el aguinaldo y los beneficios sociales, y garantiza que toda deducción tenga autorización expresa y revocable.
Esta es, sin duda, una respuesta contundente y rápida frente a una trama que había colonizado espacios del poder judicial y político, erosionando la confianza ciudadana. En lugar de mirar hacia otro lado, el Ejecutivo decidió intervenir, impulsar la coordinación legislativa y traducir la demanda social en un instrumento jurídico concreto.
Las organizaciones de víctimas celebraron el paso, aunque reclamaron su ampliación al sector privado. Esa ampliación, que requerirá nuevos acuerdos legislativos, forma parte del compromiso asumido por el Gobierno: avanzar hacia una protección integral sin afectar el crédito formal ni la seguridad jurídica.
El país necesitaba una señal, y la tuvo. En momentos en que la sociedad exige respuestas, el Poder Ejecutivo no se refugió en excusas: actuó con rapidez, claridad y firmeza. Lo hizo protegiendo derechos, restaurando la confianza y enviando un mensaje inequívoco: en Paraguay, la ley vuelve a estar del lado de la gente, no de las mafias.
