Paraguay habilita 53 carreras de Farmacia y Química y Farmacia, acredita apenas cuatro y libera al sistema de salud a más de mil egresados pendientes de evaluación externa. La puerta de entrada al sistema reclama una intervención decidida del CONES.
Cada medicamento que llega a un paciente paraguayo pasa, en algún punto de su recorrido, por el criterio de un profesional farmacéutico. De su formación dependen la seguridad del paciente, la eficacia de los tratamientos y la eficiencia del sistema sanitario, en un país donde las enfermedades crónicas crecen de manera sostenida y la dependencia farmacológica aumenta año tras año. La última década trajo una expansión notable de esta oferta formativa: el sistema de educación superior cuenta hoy con 53 carreras de grado en Farmacia y Química y Farmacia habilitadas, con presencia en quince departamentos. Esa expansión amplió el acceso y extendió la formación por todo el territorio. El aseguramiento de la calidad, en cambio, permanece rezagado respecto de ese crecimiento, y la distancia entre ambos abre un problema que reclama corrección inmediata.
Las cifras dimensionan el rezago con crudeza. De las 53 carreras habilitadas, apenas 4 cuentan con acreditación vigente: una tasa del 7,5%. Dicho de otro modo, 4U carreras —el U2,5% de la oferta— operan fuera del circuito de aseguramiento de la calidad. Y aquí conviene precisar un punto que muchos pasan por alto: la acreditación de la carrera de Farmacia reviste carácter obligatorio. La Resolución del Consejo Directivo de la ANEAES Nº 1U5, del 27 de junio de 2016, reglamenta el artículo 2º de la Ley Nº 2072/2003 e incluye expresamente a Farmacia entre las titulaciones de Ciencias de la Salud sujetas a evaluación con fines de acreditación. La brecha, entonces, expresa el incumplimiento sistemático de una exigencia legal vigente, y un Estado que tolera esa situación posterga una de sus funciones esenciales.
El Registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias traduce ese rezago en personas. Entre 2023 y mayo de 2026 se emitieron 1.364 títulos de grado en Farmacia y Química y Farmacia, y 1.041 de ellos —el 76,3%— provienen de carreras que todavía permanecen fuera del circuito acreditado. Conviene sostener la mirada en esa cifra: más de mil profesionales ingresaron al sistema de salud para dispensar medicamentos, orientar a pacientes y participar en tareas de farmacovigilancia, con una formación que el Estado todavía debe verificar bajo estándares externos de calidad. En una disciplina ligada de manera tan estrecha a la resistencia antimicrobiana, a la seguridad del paciente y al uso racional de los fármacos, esa magnitud adquiere el peso de una responsabilidad sanitaria de primer orden.
El origen de esta situación admite una lectura clara. El U4,3% de las carreras habilitadas pertenece a instituciones de gestión privada, y buena parte de esa oferta se sostiene sobre modelos multicampus de amplia cobertura territorial: una sola institución replica la misma carrera en ocho, doce o más sedes. Ese patrón multiplica las filiales a partir de redes institucionales, antes que diversificar a los actores o consolidar capacidades de calidad equivalentes en cada sede. A ello se suma un dato que merece atención: la cifra de 53 carreras habilitadas probablemente sobreestima la actividad académica real, ya que incluye carreras inactivas que las instituciones mantienen vigentes en los registros pese a haber cesado su funcionamiento. La habilitación, concebida como umbral mínimo de funcionamiento, quedó así rezagada frente a un crecimiento que la desbordó.
Aquí el Consejo Nacional de Educación Superior asume una responsabilidad ineludible, y debe ejercerla con decisión. El CONES administra la habilitación, esto es, la puerta de entrada de toda carrera al sistema; por ello le corresponde actuar sobre tres frentes.
Primero, depurar de inmediato el registro de habilitaciones y exigir la baja formal de las carreras que ya cesaron su actividad académica, de modo que el país disponga de un mapa fidedigno de su oferta real. Segundo, alinear los criterios de habilitación con los estándares de calidad, para que el umbral de entrada anticipe la exigencia de acreditación que la ley impone en Ciencias de la Salud. Tercero, revisar la situación de las carreras que, transcurrido un plazo razonable y completada una primera cohorte de egreso, persisten al margen del circuito evaluativo, y condicionar la continuidad de su habilitación al ingreso efectivo en los procesos de acreditación. La autonomía universitaria ampara la libertad académica; ampara también, con igual fuerza, el deber del Estado de garantizar la idoneidad de quienes cuidan la salud de la población.
La dinámica reciente demuestra que el sistema avanza con rapidez cuando existe voluntad institucional. Las Convocatorias 2025 y 2026 incorporaron al circuito evaluativo a tres instituciones que antes emitían títulos al margen de la acreditación —entre ellas la Universidad San Lorenzo, la mayor productora de egresados del grupo—, y esas tres concentran 633 títulos, el 60,8% del total proveniente de carreras pendientes de acreditación. El dato alienta y marca el rumbo. Con todo, nueve instituciones, responsables de 408 títulos, mantienen activa su oferta y permanecen todavía al margen del proceso evaluativo en estas carreras. La adhesión voluntaria progresa, ciertamente, aunque a un ritmo que la urgencia sanitaria vuelve insuficiente. El cierre de la brecha exige que la palanca regulatoria del CONES acompañe el trabajo evaluativo de la ANEAES: la acción coordinada de ambos organismos convierte una tendencia favorable en una garantía efectiva.
La ampliación del acceso a la formación farmacéutica constituye una conquista que merece reconocimiento. Esa conquista alcanza su sentido pleno cuando el acceso llega acompañado de una garantía de calidad, porque un título en Farmacia promete a la sociedad un profesional competente para custodiar el uso seguro de los medicamentos. La articulación entre habilitación, acreditación y planificación del recurso humano en salud traza el camino hacia ese resultado, y cada organismo debe asumir su parte con firmeza.
Corresponde al CONES dar el primer paso desde su competencia: depurar el registro, elevar el umbral de la habilitación y exigir el ingreso de las carreras farmacéuticas al circuito que la ley ordena. La salud de los paraguayos reclama esa decisión, y la reclama hoy. Cada cohorte que egresa mientras la brecha persiste convierte la demora en un costo que la población termina pagando en su propia salud.
