La eliminación de la paridad por parte del PLRA no es un error técnico ni una discusión reglamentaria. Es la expresión coherente de una identidad política que nunca estuvo del lado de la ampliación de derechos, sino del control oligárquico del poder. El liberalismo paraguayo no construyó ciudadanía. Construyó privilegio, exclusión y violencia.
Durante la primera mitad del siglo XX, el PLRA gobernó el Paraguay y desde el poder sembró anarquía, muerte y destrucción. No fue una oposición romántica ni un actor marginal. Fue el partido que condujo al país a las guerras civiles de 1904, 1908, 1912 y 1922 y 1923. Cada una respondió a disputas internas de facciones liberales que concibieron al Estado como botín y a la nación como campo de batalla. Se endeudó al país para financiar levantamientos armados. Se consolidó una cultura política violenta y excluyente. En ese contexto, hablar de liberalismo como tradición de derechos resulta no solo falso, sino obsceno.
En ese mismo período, no existe una sola política liberal relevante que haya ampliado los derechos políticos de las mujeres. Ninguna. Mientras tanto, desde el coloradismo comenzaron a emerger tempranamente discusiones sobre ciudadanía universal. Telémaco Silvera impulsó los primeros proyectos de universalización efectiva del voto, rompiendo con la lógica censitaria que el liberalismo defendía en la práctica. En el plano intelectual, Ignacio A. Pane escribió con una claridad que hoy incomoda a muchos. Sin la lucha de la mujer, sostenía, la causa obrera carece de sentido. No era una consigna identitaria. Era una concepción estructural de la igualdad como base del orden social.
El hecho histórico es ineludible. El voto femenino en Paraguay fue reconocido por ley en 1961 y ejercido por primera vez en 1963. Ocurrió durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Ningún gobierno liberal impulsó ni concretó ese derecho. El liberalismo gobernante jamás estuvo dispuesto a compartir el poder político con las mujeres.
En democracia, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos consolidó ese proceso y le dio una densidad inédita. Fue el gobierno con mayor presencia de mujeres en espacios de poder. Leila Rachid Lichi se convirtió en la primera mujer canciller del Paraguay. Mónica Pérez fue la primera mujer en ejercer la máxima autoridad del Banco Central del Paraguay. Margarita Díaz de Vivar asumió como la primera directora nacional de Aduanas.
En este periodo, también llegó a la Corte Suprema la primera ministra, Alicia Puchetta, luego primera vicepresidente mujer de la historia del país bajo otro gobierno colorado, el de Horacio Cartes.
Desde esa misma lógica institucional se volvió posible que Asunción tuviera a su primera intendenta mujer, Evanhy de Gallegos, y que el país viera por primera vez a una mujer disputar la Presidencia de la República con Blanca Ovelar. No fueron gestos aislados ni concesiones simbólicas, sino la consecuencia coherente de un modelo político que entendió que la igualdad no se declama, se ejerce habilitando poder efectivo.
Esa línea no se agotó en un momento ni en nombres propios. El Partido Colorado tuvo a su primera presidenta de la Junta de Gobierno con Lilian Samaniego.
Durante el gobierno de Horacio Cartes, Soledad Núñez lideró la política de vivienda. En el actual gobierno de Santiago Peña, mujeres encabezan ministerios centrales como Trabajo, Salud y Obras Públicas, este último por primera vez en la historia nacional. Eso no es relato. Es poder efectivo ejercido en el corazón del Estado.
Aquí aparece una diferencia decisiva que el debate actual pretende ocultar. La paridad del PLRA nunca tuvo efectos reales. Desde la introducción del desbloqueo de listas, el voto se volvió radicalmente personalizado, vaciando cualquier mecanismo de acción afirmativa. En ese esquema, la paridad estatutaria fue una ficción bien escrita pero políticamente inocua. No garantizaba acceso al poder ni corrección de asimetrías.
La ANR, en cambio, no se refugió en formalismos vacíos. Activó institucionalidad, promovió liderazgos, abrió espacios reales de decisión y sostuvo trayectorias femeninas allí donde se define poder concreto y no solo lugares en una lista.
Frente a esta trayectoria, el silencio de cierto feminismo partidizado resulta revelador. Un feminismo que divide a las mujeres según su alineamiento ideológico. Que concibe al poder como una instancia metafísica del mal y a la política real como un espacio contaminante. Que aplica una versión grotesca del principio hiper subjetivo de Berkeley. Es mujer legítima quien es percibida como tal por el canon ideológico del momento. Las demás, especialmente las mujeres con poder real en el coloradismo, pasan a ser funcionales, despojadas de legitimidad, casi expulsadas de la condición de mujer. Es una operación profundamente reaccionaria disfrazada de pureza moral.
La historia muestra otra cosa. Muestra a mujeres coloradas con predicamento en las bases, discutiendo de igual a igual con los hombres, construyendo poder territorial, sindical e institucional bajo la divisa republicana de la ANR. Mujeres que no pidieron permiso para existir ni para mandar. Mujeres que no necesitaron declararse puras para ser políticas.
El PLRA, en cambio, no tiene nada que comparar con esta historia. Nunca fue el partido de la ampliación de derechos. Fue el partido de la oligarquía, de la guerra civil, del endeudamiento para la violencia, de la anarquía y del desorden. La eliminación de la paridad no es una traición a un ideario progresista que alguna vez existió. Es la confirmación final de una identidad política que siempre concibió los derechos como retórica y al poder como patrimonio propio. Cuando hoy el PLRA recorta la igualdad, no retrocede. Simplemente se sincera y ratifica lo que siempre fue.
