Paraguay atraviesa un momento decisivo de su historia económica, marcado por una combinación poco frecuente de estabilidad macroeconómica, credibilidad externa y crecimiento. Este escenario amplía el abanico de decisiones de política pública y permite pensar el desarrollo con mayor sofisticación que la mera oposición entre ajuste y expansión. Hoy, la discusión puede ordenarse alrededor de cómo transformar confianza y crecimiento en inversión productiva, infraestructura y políticas sociales sostenibles.
La situación de la deuda ofrece un primer anclaje objetivo. A enero de 2025, la deuda pública externa se ubicó en 15.849,4 millones de dólares, equivalente al 34,9 por ciento del PIB, mientras que la deuda pública total rondaba el 40 por ciento del producto. A lo largo del año, el stock continuó creciendo de forma gradual y, para octubre de 2025, alcanzó los 19.928 millones de dólares, equivalentes al 41,1 por ciento del PIB. En términos regionales, estos niveles siguen siendo moderados y colocan a Paraguay en una posición comparativamente más sólida que la de varias economías vecinas, otorgándole margen de maniobra siempre que la trayectoria se mantenga bajo control.
El aumento del servicio de la deuda es un dato que debe ser asumido sin eufemismos. Entre enero y noviembre de 2025, el gasto destinado a este concepto alcanzó aproximadamente 1.436,5 millones de dólares. La clave, sin embargo, no reside solo en el monto nominal, sino en su relación con el tamaño y la dinámica de la economía. Allí es donde el crecimiento esperado juega un papel central para evaluar sostenibilidad y capacidad de absorción.
En ese punto, las proyecciones oficiales aportan contexto. El BCP proyectó en diciembre de 2025 una expansión del PIB del 6 por ciento para 2025 y del 4,2 por ciento para 2026, junto con una inflación convergiendo hacia la meta. Si este sendero se consolida, el peso relativo de la deuda y de su servicio se vuelve más manejable, siempre que los recursos captados se orienten a inversión productiva y no a gasto corriente sin impacto estructural.
El salto cualitativo en materia de credibilidad internacional es otro elemento estructurante. Moody’s elevó la calificación soberana de Paraguay a Baa3 en julio de 2024 y la reafirmó con perspectiva estable en agosto de 2025. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2025, Stadard & Poor’s otorgó la calificación BBB-, consolidando el grado de inversión con dos de las tres grandes agencias. Este dato no es simbólico: en la práctica, amplía el universo de inversores posibles, tiende a reducir el costo del financiamiento y mejora las condiciones para estructurar proyectos de infraestructura y políticas públicas de mayor escala.
En paralelo, el marco institucional para la inversión también se ha actualizado. La sanción y promulgación de la Ley 7452 en enero de 2025 modernizó el régimen de promoción de inversiones y de alianzas público privadas, ofreciendo reglas más claras para la participación del capital privado en obras de transporte, agua, saneamiento y otros servicios esenciales. En un país con un déficit de infraestructura estimado en torno a los 30.000 millones de dólares, pensar que todo puede resolverse únicamente con recursos fiscales resulta poco realista. Las APP aparecen así no como una panacea, sino como una herramienta más dentro de un portafolio que combina inversión privada, financiamiento multilateral y uso estratégico del crédito.
El crecimiento, además, ya está teniendo efectos visibles sobre los ingresos del Estado. Entre enero y abril de 2025, la recaudación tributaria alcanzó 13,2 billones de guaraníes, superando en alrededor de 10 por ciento al mismo período del año anterior, con mayor protagonismo de los impuestos directos. Esta dinámica refuerza una idea central: cuando la economía se expande y la administración mejora, una parte relevante del financiamiento público surge de manera orgánica, sin necesidad de cambios abruptos en el esquema vigente.
El desafío de fondo, sin embargo, es institucional. La mejora de la fiscalización, el combate a la evasión y la reducción de la informalidad son tan determinantes como cualquier variable macro. En 2024, la ocupación informal alcanzó el 62,5 por ciento según el INE, un dato que sintetiza el enorme potencial de ampliación de la base económica y contributiva. Convertir estabilidad y grado de inversión en un Estado más eficiente y en una economía más formal es el verdadero punto de inflexión. Si ese tránsito se consolida, Paraguay no solo preservará su estabilidad, sino que podrá traducirla en desarrollo inclusivo y sostenido, con más opciones reales y menos debates atrapados en falsas dicotomías.
