Una encuesta del Centro Interdisciplinario de Investigación Social revela un fuerte consenso punitivo en la opinión pública de Asunción. Más de siete de cada diez electores consideran que la “mano dura” es la única vía eficaz contra la delincuencia y el narcomenudeo, y una mayoría también respalda la pena de muerte para los crímenes más graves.
La percepción de inseguridad en Asunción se traduce en una demanda clara y contundente de respuestas más duras por parte del Estado. Según datos de una encuesta del Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS), el 72,5%de los consultados está de acuerdo con la afirmación de que la mano dura es la única forma eficaz de terminar con la delincuencia y el narcomenudeo en Paraguay. Dentro de ese grupo, 39,9% se manifiesta totalmente de acuerdo y 32,6% de acuerdo. En contraste, solo 15,2% expresa desacuerdo, mientras 12,3% adopta una posición intermedia.
El respaldo a enfoques punitivos se refuerza cuando se aborda una medida aún más extrema. Ante la pregunta sobre si debería permitirse la pena de muerte en Paraguay para los crímenes más graves, 57,0% de los asuncenos se muestra a favor. De ese total, 31,0% está totalmente de acuerdo y 26,0% de acuerdo. El rechazo alcanza al 24,6%, y 18,5% no se inclina por ninguna de las dos posiciones.
Estos datos reflejan una demanda de orden frente a la inseguridad. La inseguridad cotidiana, el avance del narcomenudeo en barrios urbanos y la percepción de impunidad erosionan la confianza en las respuestas tradicionales del Estado. En ese contexto, la “mano dura” aparece como una fórmula sintética que expresa cansancio, miedo y la expectativa de una autoridad que vuelva a imponer límites claros.
El apoyo mayoritario a la pena de muerte funciona como un indicador de la intensidad del malestar social. No se trata solo de pedir más presencia policial o mejores políticas preventivas, sino de reclamar castigos ejemplares, aun cuando estos tensionen los consensos democráticos vigentes. El dato más relevante no es únicamente la mayoría favorable, sino la magnitud del apoyo firme, que señala un clima emocional marcado por el hartazgo.
Para la agenda pública, el mensaje es inequívoco. En Asunción, la seguridad se consolidó como una prioridad y redefine el umbral de lo políticamente aceptable. La ciudadanía demanda respuestas inmediatas y contundentes, y ese reclamo crea condiciones propicias para discursos y liderazgos que prometan orden. Al mismo tiempo, los números advierten sobre un desafío de fondo: cuando el Estado es percibido como débil, la sociedad tiende a compensar ese vacío con demandas de coerción.
