Un grupo de legisladores solicitó una sesión extraordinaria para debatir cambios en la Caja Parlamentaria, incluyendo la edad de jubilación y el aporte estatal, como paso previo al tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal, en medio de cuestionamientos sobre equidad y responsabilidad política.
Un grupo de diputados presentó un pedido de convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara Baja para tratar el proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria, con la intención de abordar este tema antes del tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal. La solicitud plantea que la sesión se realice el jueves 5 de febrero, previo al debate del régimen jubilatorio general del sector público.
Sobre la posibilidad de eliminar la Caja Parlamentaria, uno de los legisladores señaló que se trata de una opción viable, aunque advirtió que implicaría trasladar a todos los contribuyentes la responsabilidad de sostener las jubilaciones de más de 80 exdiputados y exsenadores que ya accedieron a ese beneficio.
Entre los cambios concretos que se analizan figuran la elevación de la edad mínima de jubilación, el aumento del aporte de los trabajadores del Poder Legislativo y la eliminación del aporte estatal. Estos puntos podrían ser tratados si finalmente se convoca la sesión extraordinaria.
El diputado Hugo Meza sostuvo que resulta necesario debatir primero la situación de la Caja Parlamentaria para contar con “altura moral y política” al momento de analizar el déficit de las demás cajas. Señaló que la ciudadanía observa con mayor preocupación este régimen especial que el propio déficit de la Caja Fiscal y consideró importante enviar una señal de empatía desde el Parlamento.
Tanto la propuesta de convocatoria como el análisis de la situación de la Caja Parlamentaria fueron abordados en una reunión informativa encabezada por el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, con la participación de senadores y diputados.
Meza indicó además que antes de definir modificaciones concretas se busca escuchar en detalle los números presentados por las autoridades, aunque reconoció que en la opinión pública está instalada con fuerza la expectativa de eliminar el aporte estatal al sistema parlamentario.
