El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que su país avanzará en una regulación más estricta de las redes sociales, incluyendo la prohibición de acceso a menores de 16 años y la responsabilidad legal de las plataformas por delitos y contenidos ilegales.
Ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes 3 de febrero de 2026 una serie de medidas destinadas a reforzar el control estatal sobre las redes sociales y las plataformas digitales. Entre los anuncios más relevantes, confirmó que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.
Sánchez explicó que su Gobierno avanzará además en un esquema de responsabilidad legal directa para los directivos de las plataformas digitales, quienes deberán responder por las infracciones que se cometan en los entornos que administran. Según indicó, el objetivo es terminar con la impunidad de las grandes empresas tecnológicas frente a delitos, desinformación y contenidos ilegales que circulan en sus sistemas.
El mandatario español detalló que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales. Asimismo, anunció que se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para estudiar posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
En el plano internacional, Sánchez informó que España se sumó a otros cinco países europeos en la denominada Coalición de los Dispuestos Digitales, una iniciativa orientada a avanzar de forma coordinada en la aplicación de regulaciones más estrictas, rápidas y eficaces sobre las redes sociales y los servicios digitales.
Como parte de este esfuerzo, el Gobierno español impulsará la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que el presidente denominó una “huella de odio y polarización”, con el fin de medir y combatir la difusión de discursos de odio y la desinformación.
Durante su discurso, Sánchez sostuvo que las redes sociales se han convertido en “un estado fallido”, donde se ignoran las leyes, se toleran delitos y la desinformación tiene más peso que la verdad. En ese sentido, insistió en la necesidad de “recuperar el control” y garantizar que las plataformas cumplan las normas como cualquier otro actor económico y social.
Finalmente, reconoció que el desafío no será sencillo, debido al poder económico y a la influencia global de las empresas tecnológicas, que en muchos casos superan a los propios Estados. Sin embargo, afirmó que la determinación de los gobiernos democráticos debe ser mayor que la riqueza de las plataformas, y que España está dispuesta a avanzar en ese camino.
