El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) confirmó que el año lectivo comenzará el 23 de febrero en unas 8.500 instituciones públicas y subvencionadas, y anunció una “tregua” hasta el 25 de marzo mientras se negocia en el Congreso la reforma de la Caja Fiscal.
El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) ratificó que el año lectivo se iniciará el próximo 23 de febrero en cerca de 8.500 instituciones educativas públicas y subvencionadas del país. El gremio anunció además que mantendrá una “tregua” hasta el 25 de marzo, fecha en la que el Senado tiene previsto tratar la reforma de la Caja Fiscal.
La postura fue confirmada tras una reunión mantenida este viernes entre directores de escuelas y el ministro de Educación, Luis Ramírez. El presidente del Sinadi, Miguel Marecos, señaló que están dadas las condiciones logísticas para el inicio de clases, incluyendo la implementación del programa Hambre Cero y la entrega de kits escolares, pendientes únicamente en Asunción y Central.
“Invitamos a todos los padres a enviar a los estudiantes; todo está planificado. Desde el gremio de directores, las escuelas van a estar abiertas, ya tenemos jornadas de preclases. Pero hasta el 25 de marzo queremos que las clases se respeten”, afirmó Marecos a la salida del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El dirigente enfatizó que no existe motivo para suspender el inicio del año escolar mientras continúan las negociaciones sobre la reforma previsional. “Lo importante es garantizar que las escuelas van a estar abiertas para el inicio del año escolar. No hay motivo para que no haya clases si se está negociando la reforma de la Caja Fiscal”, sostuvo.
Marecos también destacó la apertura al diálogo por parte del MEC, aunque recordó que las decisiones sobre la reforma corresponden al Poder Legislativo. “El 25 de marzo se viene la noche para el magisterio docente, pero confío en que la dirigencia va a llegar a buen puerto para los docentes y profesores universitarios”, expresó.
El Poder Ejecutivo impulsa una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que incluye a funcionarios administrativos, docentes, judiciales, policías y militares. Actualmente, la Caja Fiscal enfrenta un déficit cercano al 0,8 % del Producto Interno Bruto, equivalente a unos USD 380 millones.
Entre los puntos centrales del proyecto figura la modificación de los requisitos de jubilación. Para el sector docente, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un esquema que combina 25 años de aportes y 57 años de edad para la jubilación ordinaria, y 30 años de aportes con 55 años de edad para la jubilación extraordinaria. La propuesta será analizada por el Senado el próximo 25 de marzo.
