El programa Hambre Cero surgió como el compromiso principal del presidente Santiago Peña con la niñez paraguaya, porque busca que ningún niño llegue a la escuela con hambre, de modo que pueda aprender con la cabeza despejada y tenga una oportunidad real de romper el ciclo de la pobreza que ha marcado a tantas familias a lo largo de los años.
Recordemos además que este programa fue una decisión política del propio presidente Peña, quien decidió poner en primer orden de prioridad la educación de los niños, apostando a que en la infancia se encuentra el futuro del capital humano que el país necesita para su desarrollo nacional.
Como dice el adagio, la política es el arte de lo posible, y gestionar consiste precisamente en elegir prioridades frente a otras medidas. Apostar por la educación de los niños se ha convertido en la marca distintiva de este gobierno, por lo que debe buscar la máxima identificación de esta medida con su propia identidad.
En ese sentido, el diputado Rodrigo Gamarra propuso que la administración completa del programa pasara de forma temporal al Ministerio de Desarrollo Social, mientras el senador Beto Ovelar mantenía una posición convergente en este contexto electoral, donde resulta imprescindible preservar de modo contundente el uso de esta política para que no se convierta en un activo electoral que distorsione la democracia interna del Partido Colorado ni caiga en sesgos prebendarios por parte de los gobernadores.
Las denuncias que surgieron en Concepción se extendieron a Alto Paraná y ahora también alcanzaron a la gobernadora de Paraguarí, Norma Báez, de modo que la centralización temporal en el MDS se presenta como la medida más adecuada, porque permite implementar controles más rigurosos y una política contundente de rendición de cuentas que restablezca la confianza plena, mientras se investiga todo lo necesario.
Los gobernadores tienen un rol importante en el desarrollo de sus departamentos, aunque cuando se trata de fondos nacionales destinados a la alimentación escolar, la prioridad absoluta es que este programa ambicioso gane aún más legitimidad ciudadana y se transforme en una verdadera bandera nacional, una política de Estado que trascienda el chiquitaje político de los internismos coyunturales.
Esta decisión además refuerza la iniciativa política del Ejecutivo y del propio presidente Peña, al despejar cualquier tentación proselitista que algunos pudieran tener de usar una política del gobierno nacional para fines particulares.
Es una necesidad fortalecer el programa emblema del gobierno y asegurar que las familias de todo el país puedan confiar plenamente en que el esfuerzo histórico del Estado se mantiene intacto y se administra con la transparencia que merece.
