La nación paraguaya enfrenta hoy un intento claro de debilitar su identidad cultural desde las propias instituciones del Estado, ya que la terna propuesta para dirigir el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), encabezada por un activista LGTBIQ+, no representa una opción legítima, sino el resultado de un proceso viciado desde su origen que excluyó deliberadamente la participación de los productores audiovisuales, técnicos, exhibidores y gremios que sostienen con esfuerzo privado la industria nacional.
Este concurso careció de criterios claros y transparentes, no publicó actas de evaluación y aplicó calificaciones sin ninguna lógica coherente, descartando a postulantes con trayectoria probada, lo que evidencia que fue direccionado para favorecer la militancia ideológica en lugar de fortalecer el desarrollo del audiovisual paraguayo. Por esta razón, se espera que la Secretaría de Cultura rechace de manera contundente esta terna, ya que permitir su avance significaría entregar fondos públicos —el dinero de todos los contribuyentes— a una agenda que busca promover la disidencia identitaria, una ideología importada y fragmentadora que la inmensa mayoría de los paraguayos rechaza.
Paraguay se sostiene sobre raíces cristianas, familiares y tradicionales que han forjado nuestra identidad a lo largo de siglos, y esa identidad no puede ni debe ser sometida a modas globales surgidas al calor de la lógica del consumo, que reducen a la persona a un conjunto de deseos efímeros y banderas comerciales.
El Estado tiene la obligación sagrada de actuar como garante de nuestra permanencia identitaria, protegiendo los pilares de la familia, la fe y la soberanía nacional, en vez de financiar experimentos culturales que los atacan directamente.
Las minorías activistas tienen todo el derecho de impulsar sus propuestas, pero deben hacerlo con recursos propios y aportes voluntarios de sus simpatizantes, nunca con los impuestos del ciudadano común que muchas veces enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Rechazar esta terna viciada y convocar un nuevo proceso abierto, transparente y con verdadera participación del sector audiovisual es la única decisión responsable y digna que corresponde tomar, porque la Secretaría de Cultura tiene ahora la responsabilidad histórica de defender lo que nos une como pueblo en lugar de abrir las puertas a lo que nos divide. Paraguay no se rinde ante estas presiones ideológicas y debe seguir preservando su alma.
