El propio contexto que llevó al Gobierno a hablar de “economía de guerra”, marcado por una caída de ingresos y un ajuste del orden de los USD 600 millones, obliga a discutir no solo cuánto gasta el Estado, sino sobre todo cómo gasta, dónde se duplica y cuánto margen existe para reorganizarlo sin debilitarlo.
Hay una confusión que Paraguay debe evitar. Racionalizar no es desmantelar. Fusionar instituciones con misiones equivalentes, eliminar capas administrativas redundantes y ordenar competencias dispersas no es achicar el Estado en un sentido ideológico. Es, por el contrario, darle más fuerza real. Un Estado fuerte no es el que acumula oficinas, sellos, ventanillas y estructuras paralelas, sino el que decide con claridad, ejecuta sin demora y responde mejor a los problemas de la gente. Esa es, además, la dirección en la que apuntan los propios programas de transformación en marcha. El BID, al financiar el proceso paraguayo de reforma estatal, puso el foco precisamente en la optimización de estructuras organizacionales, la mejora de la función pública, las compras públicas y la transparencia, y destacó que esas reformas impactan directamente sobre el 65% del gasto público.
La discusión tampoco puede seguir prisionera de slogans fáciles. Durante demasiado tiempo, una parte del debate local presentó toda reforma administrativa como una amenaza, mientras otra redujo la modernización del Estado a una simple poda presupuestaria. Ninguno de esos reflejos alcanza. Lo que Paraguay necesita es un rediseño inteligente. La OCDE viene señalando desde hace años problemas de fragmentación del Poder Ejecutivo, numerosas instituciones orbitando y una débil coordinación entre organismos, hasta el punto de describir a la administración paraguaya como atomizada y fragmentada. También advirtió que la percepción de coordinación entre instituciones públicas del país es baja en comparación regional y que esa debilidad repercute directamente en la calidad del gasto y en la prestación de servicios.
Ahí está el núcleo del problema. Cuando varias entidades hacen casi lo mismo, cuando nadie sabe con precisión dónde empieza una competencia y termina otra, cuando la coordinación depende más de vínculos políticos ad hoc que de un diseño institucional claro, el costo lo paga el ciudadano que debe peregrinar por oficinas, la empresa que espera autorizaciones interminables, el contribuyente que sostiene estructuras superpuestas y el país entero que resigna velocidad en su desarrollo. El debate sobre fusiones, absorciones o reorganizaciones debe ser abordado exactamente desde ese lugar. No para debilitar capacidades estatales, sino para concentrarlas. No para abandonar funciones públicas, sino para evitar que se dispersen en burocracias que se justifican a sí mismas.
La evidencia disponible muestra que allí hay un margen enorme. Un informe reciente del BID estimó que Paraguay pierde cada año, por ineficiencia del gasto público, el equivalente al 3,9% de su PIB. Tomando el PIB paraguayo de 2024, que el Banco Mundial ubica en USD 44,46 mil millones, ese margen equivale a unos USD 1.734 millones anuales. Aun si el país lograra recuperar solo la mitad de esa ineficiencia, estaría liberando cerca de USD 867 millones, es decir, más de lo que hoy representa el golpe fiscal que motivó el discurso de la “economía de guerra”. La conclusión es contundente. Antes de resignarse a la escasez, Paraguay debe mirar con seriedad el costo de sus duplicaciones, demoras, sobreprecios, nóminas mal organizadas y estructuras mal alineadas.
Esto importa todavía más porque el espacio fiscal es estrecho y rígido. El MEF informó que al cierre de 2025 el déficit fiscal fue de 2,0% del PIB, que la inversión pública representó apenas 1,6% del PIB y que, aunque el porcentaje de salarios financiados con ingresos tributarios bajó a un mínimo histórico de 56,6%, las jubilaciones y pensiones siguieron presionando con fuerza sobre los recursos del Tesoro.
En otras palabras, el problema no es simplemente gastar menos, sino ganar espacio para invertir mejor, para sostener servicios esenciales y para llevar más recursos hacia donde el desarrollo los necesita.
Por eso la verdadera “economía de guerra” que Paraguay debería abrazar no consiste en paralizar al Estado ni en administrar la penuria. Consiste en usar la restricción fiscal como palanca para una reforma largamente postergada. Se debe revisar ministerios, secretarías, entes descentralizados, unidades ejecutoras, direcciones superpuestas y programas que replican funciones. Hay que fusionar donde haya equivalencia de misión, centralizar donde la dispersión solo agregue costo, digitalizar donde todavía reina el papel y medir con precisión qué estructura produce valor y cuál apenas reproduce rutina. Cada guaraní ahorrado en burocracia inútil es un guaraní potencialmente disponible para salud, educación, seguridad, infraestructura o alivio tributario.
