Cualquier debilitamiento de la autonomía técnica en el aseguramiento de la calidad de la educación superior y en la política de investigación científica no sería un simple ajuste institucional, sino un retroceso de décadas en dos campos estratégicos para el desarrollo del Paraguay. Lo que está en juego es la preservación de criterios, reglas y capacidades especializadas que al país le llevó años construir y que resultan indispensables para sostener estándares, credibilidad y una visión seria de futuro.
Durante más de dos décadas, el CONACYT, encargado de la promoción científica y tecnológica nacional, y la ANEAES, responsable del aseguramiento de la calidad de las carreras e instituciones de educación superior, fueron construyendo, pese a restricciones presupuestarias, avances desiguales y numerosas dificultades, una institucionalidad basada en evaluaciones reglamentadas, sistemas de pares y estándares técnicos.
Fue el resultado de un proceso largo, incompleto y trabajoso, pero orientado a introducir criterios de seriedad allí donde durante mucho tiempo predominó la dispersión, la debilidad regulatoria y la improvisación. Por eso es una señal de alerta la Resolución 2/2026 del CONES que por vía reglamentaria avanza sobre prerrogativas legales de la ANEAES, o cuando determinadas autoridades insinúan una posible absorción del CONACYT por un renovado “Viceministerio de Ciencias”.
Estos hechos pueden debilitar instituciones especializadas como la ANEAES y el CONACYT, erosionando la posibilidad de que áreas decisivas para la modernización económica del país se rijan por reglas previsibles, por procedimientos claros y por un moldeamiento progresivo de las buenas prácticas de los actores. Un país que busca diversificar su economía, mejorar su productividad, formar mejor su capital humano y ganar credibilidad ante sí mismo y ante el mundo no puede tratar la calidad universitaria ni la investigación científica como si fueran espacios disponibles para la pulseada coyuntural o para el acomodo de intereses.
Basta mirar la realidad del sistema para medir la magnitud del riesgo. Hoy, según datos difundidos públicamente, en Paraguay existen unas 5.000 carreras habilitadas y apenas 500 acreditadas. Es decir, solo alrededor del 10% cuenta con el sello de calidad de la ANEAES. Uno de los grandes problemas de la Educación Suprior en nuestro país es la expansión prolongada de la habilitación sin un acompañamiento equivalente de estándares robustos y exigencias sistemáticas. Allí prosperaron, precisamente, los corsarios de la informalidad, siempre cómodos en los márgenes de un sistema donde la acreditación rigurosa fue demasiado tiempo la excepción y no la regla.
Cuando la evaluación académica pierde espesor propio y queda expuesta a ámbitos más permeables a presiones corporativas, conflictos de intereses o racionalidades burocráticas difusas, lo que suele aparecer es una degradación silenciosa de los estándares. Se flexibilizan requisitos, se mezclan funciones, se borra la distancia entre quienes deben ordenar el sistema y quienes participan de él, y al final la calidad deja de operar como principio rector para convertirse en una palabra vacía. En un contexto como el nuestro, donde la brecha entre carreras habilitadas y carreras acreditadas sigue siendo tan amplia, sería una irresponsabilidad histórica retroceder justamente en el terreno donde más urge consolidar exigencias.
Con la ciencia y la tecnología ocurre algo equivalente. Paraguay sigue destinando alrededor del 0,14% de su PIB a investigación y desarrollo, una proporción muy baja para cualquier país que aspire a innovar, generar conocimiento propio y aumentar su complejidad productiva. A eso se suma una base científica todavía reducida: los indicadores oficiales reportan 1.805 investigadores en personas físicas y 895 equivalentes a jornada completa, mientras el sistema nacional de investigadores cuenta con 568 categorizados. Son cifras modestas, pero justamente por eso revelan la importancia crítica de preservar una institucionalidad especializada. Cuando la masa científica es aún pequeña, cada mecanismo serio de evaluación, cada programa bien administrado y cada resguardo técnico valen el doble.
La discusión de fondo, entonces, no debería girar en torno a qué oficina gana más gravitación momentánea o qué reacomodo parece más útil para el corto plazo, sino el hecho de comprender que la calidad y la investigación son dimensiones transversales del desarrollo nacional. Son condiciones de posibilidad para una economía y de una sociedad que quiere modernizarse y necesita previsibilidad, reglas de juego, confianza pública y capacidades acumuladas. Cuando la evaluación de la calidad funciona, impulsa a las instituciones a mejorar. Cuando la política científica se sostiene sobre criterios serios, empuja al sistema a producir más y mejor conocimiento. Ambas cosas moldean conductas, ordenan incentivos y elevan el horizonte de las prácticas aceptables.
Defender a la ANEAES y al CONACYT no implica desconocer que ambas instituciones enfrentan múltiples desafíos, más bien implica entender su valor estratégico, dado que son dos ámbitos donde el Estado paraguayo consiguió instalar, con mucho esfuerzo, la idea de que ciertas decisiones no pueden quedar libradas a la improvisación, al conflicto de intereses ni al puro juego de influencias. En un ecosistema público donde con frecuencia faltan justamente esos resguardos, esa diferencia es decisiva. No porque garantice perfección, sino porque introduce una lógica distinta: la de la evaluación por pares, la exigencia académica, la trazabilidad de procedimientos y la subordinación del poder circunstancial a criterios técnicos.
Si la calidad universitaria y la política científica quedan subordinadas a actores que se mueven corporativamente, que confunden lo público con una zona de ocupación o que aspiran a administrar fondos y decisiones como si fueran un botín, el retroceso será inmenso. Paraguay no necesita menos autonomía técnica en estas áreas, necesita blindarlas, fortalecerlas y asumir, de una vez por todas, que la causa de la calidad y la causa de la investigación son, en el fondo, una misma causa nacional.
