El ministro de Agricultura designó a un abogado sin trayectoria conocida en el ámbito rural, como Coordinador General del proyecto PIMA, financiado por el Banco Mundial para beneficiar a 170.000 pequeños productores. La Asociación de Ingenieros Agrónomos calificó la decisión como «inaceptable» y exigió rever la resolución.
La Resolución MAG N° 561/2026, firmada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos A. Giménez D., designó al abogado Óscar Miguel Aldama Castillo como Coordinador General del Proyecto de Mejoramiento de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA), un programa estratégico del Estado paraguayo financiado con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, destinado a fortalecer la capacidad productiva y el acceso a mercados de más de 170.000 agricultores familiares campesinos e indígenas de la Región Oriental.
La designación reemplazó la Resolución N° 323/2026, del 27 de febrero pasado, sin que el ministerio haya ofrecido explicaciones públicas sobre las razones del cambio ni sobre los criterios de selección del nuevo coordinador. Aldama Castillo es abogado de profesión. Una revisión de registros públicos, bases de datos de funcionarios del Estado, portales de transparencia y medios de comunicación no arroja antecedentes que lo vinculen al sector agropecuario, al desarrollo rural ni a la gestión de proyectos de cooperación internacional.
El gremio estalla
La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay (AIAP), el gremio profesional más antiguo del sector con más de 80 años de trayectoria, respondió el mismo día con un comunicado en el que expresó su «firme preocupación y desacuerdo» ante la designación.
«La AIAP considera inaceptable que cargos de conducción de proyectos de naturaleza eminentemente técnica en el ámbito agrario sean asignados sin priorizar la formación profesional específica que la complejidad del sector exige», señala el documento, firmado por la Comisión Directiva del gremio.
El pronunciamiento es categórico: advierte que estas funciones «deben ser ejercidas por ingenieros agrónomos u otros profesionales con acreditada idoneidad técnica en el área», y que designaciones como esta «no solo debilitan la institucionalidad, sino que también comprometen la eficacia de las políticas públicas orientadas al sector».
La AIAP exigió a las autoridades competentes la revisión de la resolución y la adopción de «criterios estrictamente técnicos y profesionales» para la asignación de responsabilidades en proyectos estratégicos del ámbito agrario.
Un proyecto de peso, en manos sin experiencia
El PIMA no es un programa menor. Fue aprobado en marzo de 2020 por el Directorio del Banco Mundial como parte de un paquete de financiamiento de USD 300 millones para Paraguay. Los USD 100 millones asignados al proyecto se destinan a financiar actividades agrícolas productivas, fortalecer organizaciones de productores y comunidades indígenas, promover tecnología agropecuaria y mejorar el acceso sostenible a mercados internos y externos. El préstamo es de margen variable, reembolsable en 31,5 años con un período de gracia de 8 años.
Coordinar un proyecto de esta magnitud requiere conocimiento directo de las cadenas productivas del campo paraguayo, de la realidad de la agricultura familiar, de las dinámicas de los mercados agrarios y de los protocolos de ejecución de organismos multilaterales. Colocar a un profesional del derecho sin experiencia demostrable en ninguno de estos campos al frente de la estructura genera interrogantes que el MAG no ha respondido.
¿Qué pasó con la designación anterior?
La resolución que nombra a Aldama Castillo deja expresamente sin efecto la Resolución MAG N° 323/2026, fechada el 27 de febrero. Es decir, en apenas un mes, el ministerio cambió al coordinador general del proyecto. ¿Quién ocupaba el cargo? ¿Cuáles fueron los motivos de su remoción? ¿Se realizó algún proceso de evaluación de antecedentes o concurso para la nueva designación? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública hasta el momento.
La firma del ministro
La resolución lleva la firma del secretario general del MAG, Orlando Franco González, y del propio ministro Carlos A. Giménez D. La designación se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado su gestión al frente de la cartera agrícola, y reaviva el debate sobre si los cargos de conducción técnica en el Estado paraguayo responden a criterios de idoneidad profesional o a lógicas de distribución política.
El silencio del ministerio frente al comunicado de la AIAP profundiza la percepción de un gobierno que administra los recursos del campo sin escuchar al campo. Los USD 100 millones del Banco Mundial siguen corriendo, la pregunta es en manos de quién quedará.
