En Villarrica, una comunidad entera se organizó para enfrentar judicialmente a una criptogranja que le arruina la vida con ruido constante, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. El caso puede sentar precedente jurídico en Paraguay. Y debería, además, sentar precedente político.
La criptominería no es una amenaza. Es una industria que en 2026 inyectará 350 millones de dólares a las arcas de la ANDE, un 18,6% más que los 295 millones del año anterior y tres veces y media los 100 millones que generaba en 2024. Las 41 empresas que operan legalmente bajo el Grupo de Consumo Intensivo Especial demandan 943,8 megavatios, cerca del 13,5% de la energía de Itaipú que corresponde a Paraguay. Es un negocio real, creciente y estratégico.
El gobierno del presidente Peña lo ha entendido así. En julio de 2025, promulgó la Ley 7300 que elevó de 3 a 10 años las penas de prisión por sustracción ilegal de energía eléctrica destinada a criptominería y estableció el decomiso de los equipos utilizados en operaciones clandestinas. El Decreto 7824/22 ya había creado una tarifa diferenciada para la actividad. Y la ANDE, bajo la conducción del ingeniero Félix Sosa, desplegó una campaña de intervenciones que acumula 78 operativos del Ministerio Público contra conexiones irregulares. Son pasos concretos en la dirección correcta.
Lo que falta es una ley integral. Paraguay regula la tarifa eléctrica de la criptominería y sanciona el robo de energía. Lo que no tiene todavía es un marco legal que reconozca formalmente a la minería digital como actividad industrial, que establezca requisitos de localización, que exija estudios de impacto ambiental y comunitario, y que defina con claridad las competencias de fiscalización entre la ANDE, el MIC, SEPRELAD y el MADES.
El caso de Villarrica ilustra exactamente ese vacío. Una criptogranja puede cumplir con la tarifa eléctrica, pagar sus impuestos y estar formalmente registrada. Y al mismo tiempo destruir la calidad de vida de un barrio entero con el zumbido permanente de miles de máquinas procesando algoritmos. No existe hoy una normativa que le exija a esa operación un estudio de impacto acústico, una distancia mínima respecto a zonas residenciales o un plan de mitigación ambiental. Los vecinos terminan judicializando lo que el Estado debería haber prevenido con regulación.
La Cámara de Diputados avanzó con audiencias públicas sobre un proyecto de ley que busca regular integralmente los criptoactivos. El BCP, la Superintendencia de Valores, la Policía Nacional y la Cámara Paraguaya de Fintech participaron del debate. Hay un proyecto que plantea reconocer legalmente la actividad, establecer tarifas diferenciadas según escala, implementar licencias energéticas con trazabilidad real del consumo y crear incentivos fiscales para zonas industriales tecnológicas. Ese proyecto necesita acelerarse.
La alternativa de prohibir temporalmente la criptominería, como propusieron algunos senadores en 2024, fue correctamente descartada. La CONACOM advirtió que una prohibición incentivaría la clandestinidad en lugar de combatirla. Y la propia ANDE señaló que tiene 20 millones de dólares en depósitos de garantía de contratos vigentes que se verían afectados. Prohibir lo que se puede regular es una confesión de impotencia estatal.
Paraguay tiene un activo que muy pocos países del mundo poseen. Energía abundante, renovable, disponible y barata. La criptominería es una forma legítima de monetizar ese excedente. Es preferible vender megavatios a precio de mercado a criptomineros formales que cederlos a Brasil a tarifas que históricamente han estado por debajo del costo de producción.
El desafío es convertir ese activo en riqueza nacional sostenible. Eso requiere cinco cosas que el gobierno tiene la capacidad de impulsar. Primero, aprobar la ley integral de criptoactivos que está en el Congreso, con estándares ambientales y comunitarios exigentes.
Segundo, establecer zonas industriales habilitadas para criptominería, alejadas de centros urbanos, con infraestructura eléctrica dedicada. Tercero, fortalecer la fiscalización conjunta entre ANDE, Ministerio Público y MADES contra las operaciones clandestinas que siguen robando energía. Cuarto, vincular la política de criptominería con la estrategia de transformación digital del plan Paraguay 2X, para que los data centers no sean solo granjas de procesamiento bruto sino plataformas de servicios tecnológicos con mayor valor agregado. Quinto, institucionalizar un espacio permanente de diálogo entre el sector privado y las autoridades regulatorias, para que la normativa evolucione al ritmo de una industria que se mueve a velocidad de blockchain.
La comunidad de Villarrica tiene razón en exigir que se respete su derecho a vivir en paz. Las empresas que operan legalmente tienen razón en pedir seguridad jurídica. La ANDE tiene razón en celebrar los 350 millones de dólares que la criptominería aporta a su caja. Las tres razones son compatibles. Lo que las hace incompatibles es la ausencia de una ley que ponga a cada una en su lugar.
