El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, adelantó que acompañará el rechazo a la propuesta de reforma sobre divorcio y argumentó que el sistema paraguayo ya permite procesos ágiles, además de sostener que el proyecto representa un retroceso para el modelo familiar.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó su postura contraria al proyecto conocido como “divorcio exprés” y adelantó que, en principio, acompañará el rechazo de la iniciativa cuando sea tratada.
Durante declaraciones a medios de comunicación, el legislador sostuvo que el esquema actualmente vigente ya permite procesos de divorcio rápidos y cuestionó la necesidad de impulsar modificaciones legislativas en esa materia.
“Yo en principio estoy por el rechazo”, expresó Núñez al ser consultado sobre la posición que adoptará respecto al proyecto.
El senador argumentó que en Paraguay ya existe, en la práctica, un mecanismo que permite divorcios ágiles al señalar que actualmente no existe un plazo obligatorio que extienda el proceso.
“En Paraguay de por sí ya existe un divorcio exprés porque no hay plazo”, afirmó.
Asimismo, señaló que considera más adecuada una propuesta presentada anteriormente por el entonces diputado Óscar Tuma, al sostener que reunía mejores condiciones para regular la materia.
En defensa de su postura, Núñez también hizo referencia a experiencias internacionales y aseguró que algunos países han revisado esquemas similares y optado por volver a modelos más tradicionales.
Consultado sobre el argumento relacionado con los costos de acceso al divorcio, el titular del Congreso rechazó que el proceso actual resulte inaccesible y sostuvo que los montos son menores a los que se mencionan públicamente.
Finalmente, ratificó una de las expresiones que ya había utilizado anteriormente para cuestionar la iniciativa.
“Totalmente”, respondió al ser consultado sobre si mantiene su postura de que el proyecto “atenta contra la familia”.
El debate sobre el denominado “divorcio exprés” generó posiciones divididas entre sectores políticos y sociales, entre quienes sostienen que facilitaría el acceso a trámites civiles y quienes consideran que podría afectar mecanismos orientados a preservar instancias de conciliación.
