El tercer informe presidencial de Santiago Peña ante el Congreso llega en un momento en que el debate público paraguayo se ha vuelto demasiado cómodo para la repetición de consignas y demasiado perezoso para mirar datos. La política nacional corre el riesgo de encerrarse en una discusión de gestos, de tonos, de sospechas, de pequeñas escaramuzas partidarias, como si la vida de un país pudiera evaluarse únicamente desde la irritación del día.
Frente a esa costumbre, el informe obliga a discutir algo más serio. El Paraguay crece, atrae inversión, formaliza empleo, reduce pobreza, extiende programas sociales, invierte en salud, alimenta a sus estudiantes, amplía becas, entrega títulos de tierra, construye viviendas y vuelve a colocar al Estado en territorios donde durante años predominó la resignación. Esa afirmación no cancela los problemas pendientes. Los pone en una escala distinta, porque una nación se juzga por la relación entre sus carencias reales y la dirección concreta de sus transformaciones.
La primera batalla que plantea el informe es económica. En una región marcada por bajo crecimiento, deuda pesada, inflación persistente y discusiones ideológicas que muchas veces expulsan inversión, Paraguay aparece con una combinación que incomoda a los administradores del pesimismo. El discurso presidencial ubicó el crecimiento del PIB de 2025 en 6,6%, el mayor de los últimos doce años, con un promedio de 5,5% en los últimos tres años y una proyección de 4,2% para 2026. Esa secuencia importa más que la foto de un año, porque muestra continuidad, previsibilidad y capacidad de sostener expansión más allá del rebote coyuntural. En un país que durante décadas escuchó que su destino era la periferia, la estabilidad macroeconómica empieza a convertirse en un activo político nacional. El grado de inversión otorgado por Standard & Poor’s en diciembre de 2025 profundiza esa señal, ya que premia reglas, solvencia, trayectoria fiscal, credibilidad y confianza de largo plazo, no discursos.
La oposición más cómoda frente a este cuadro consiste en decir que la macroeconomía no llena la olla. Esa frase tiene eficacia retórica y escasa voluntad analítica. Nadie vive de un indicador agregado, por eso mismo la pregunta correcta es cómo se conecta el crecimiento con el empleo, el salario, el crédito, la inversión productiva, la infraestructura y la protección social. Allí el informe ofrece una línea de respuesta concreta. En el último trimestre de 2025, el desempleo bajó a 3,6%, con más de 3.200.000 personas ocupadas y una formalidad que superó por primera vez el 40%. A mitad de mandato, el Gobierno afirma haber generado más de 242.000 puestos de trabajo, con 134.000 nuevos asegurados en el IPS desde agosto de 2023, hasta llegar a 842.000 aportantes. El salario mínimo recibió un aumento de 5%, por encima del ajuste puramente inflacionario que venía aplicándose desde 2017. En conjunto, esos datos señalan un proceso de incorporación al mundo formal, con derechos, previsión, aporte jubilatorio y acceso a servicios.
El crecimiento paraguayo deja de ser una estadística abstracta cuando se observa la inversión. La CEPAL estimó que la inversión extranjera directa alcanzó USD 1.180 millones en 2025, el nivel más alto de la historia reciente. El informe agrega proyectos aprobados bajo nuevos regímenes por USD 622 millones y más de 4.200 empleos proyectados. La maquila exportó USD 1.154 millones entre julio de 2025 y abril de 2026, con un crecimiento de 19,2%. A eso se suman PARACEL, con una inversión de USD 5.000 millones, el anuncio del Grupo Costa por USD 300 millones, JBS por USD 135 millones y 1.100 empleos, la reinversión de Cartones Yaguareté por USD 120 millones, los USD 60 millones de Adium, los USD 25 millones de COMEPAR y nuevas plantas industriales en Caazapá y el Chaco. Una economía así no se defiende con euforia vacía. Se defiende entendiendo que cada planta, cada exportación, cada empleo formal y cada proveedor local agrandan el espacio de autonomía material del Paraguay.
El segundo dato que merece atención es la expansión empresarial. Entre julio de 2025 y mayo de 2026 se abrieron 8.104 nuevas empresas, un 28% más que en el año anterior, con fuerte presencia de MIPYMES. El portal Avanza, la Cédula MIPYMES y la Cuenta Básica MIPYMES apuntan a una zona decisiva de la economía paraguaya, donde la frontera entre supervivencia, informalidad y progreso depende muchas veces de un trámite, un crédito, una garantía o una primera factura. La política económica real se juega en ese punto minúsculo y decisivo, donde un emprendimiento familiar empieza a existir para el sistema financiero, para la seguridad social, para sus proveedores y para sus trabajadores. El informe identifica allí una prioridad correcta, ya que el Paraguay no puede crecer solamente por grandes inversiones industriales. Necesita un tejido de pequeños productores, comercios, servicios, talleres y empresas familiares capaces de sostener empleo en cada ciudad intermedia y en cada comunidad.
Esa misma lógica aparece en el campo. El programa JEPYTASO canalizó cerca de USD 11 millones mediante el Crédito Agrícola de Habilitación, con prioridad para agricultura familiar, mujeres, jóvenes y proveedores de Hambre Cero. El FOGAPY otorgó más de 12.700 garantías que respaldaron créditos por USD 319 millones y sostuvieron o generaron cerca de 43.000 empleos. El Ministerio de Agricultura impulsó más de 7.500 ferias en todo el país, con 19.000 familias beneficiadas e ingresos superiores a 68.000 millones de guaraníes, además de más de 6.000 productores capacitados en mercadeo y comercialización. La agricultura movió más de 270.000 millones de guaraníes en mercados nacionales e internacionales. Estos datos sirven para discutir con una vieja caricatura, según la cual el crecimiento paraguayo queda encerrado en balances de grandes grupos. El informe muestra una política de integración productiva que baja hasta el productor, la feria, el crédito, la garantía y el mercado.
La infraestructura completa ese cuadro económico. Un país mediterráneo necesita caminos, puentes, corredores, rutas, puertos, ciudades conectadas y transporte funcional. El informe menciona el tramo final del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, pieza clave del Corredor Bioceánico, el avance del futuro puente Pozo Hondo-Misión La Paz, la pavimentación de la Ruta PY12 en el Bajo Chaco, la APP de la Ruta PY01 por más de USD 400 millones, las rutas de hormigón Pozo Colorado-Concepción y Pilar-Humaitá-Paso de Patria, la Defensa Costera de Concepción, la ruta a Vallemí, la futura Costanera de Villa Hayes, el Tridente Urbano en el Gran Asunción y más de 434 kilómetros de caminos vecinales. También aparece el Plan 1000, con intervenciones en cada municipio por más de USD 50 millones, financiadas a partir de la negociación con Brasil en Itaipú. La obra pública deja de ser cemento disperso cuando ordena territorio, abarata logística, mejora acceso a servicios y conecta producción con mercado.
El frente social del informe es todavía más contundente, porque allí la discusión abandona el terreno de la percepción y entra al terreno de la medición de pobreza. En 2025, la pobreza total se ubicó en 16,0% y la pobreza extrema en 2,4%. Entre 2024 y 2025, 213.164 personas salieron de la pobreza y 81.155 superaron la pobreza extrema. Entre 2022 y 2025, más de 493.000 personas dejaron atrás la pobreza y 180.000 salieron de la pobreza extrema. Son cifras históricas desde que Paraguay mide pobreza de manera sistemática. La reacción honesta frente a ese dato debería ser exigencia y reconocimiento. Exigencia, porque todavía hay hogares que viven con ingresos insuficientes, con empleo precario, con servicios incompletos y con oportunidades demasiado desiguales. Reconocimiento, porque reducir pobreza en esa magnitud dentro de un período tan corto supone crecimiento, transferencias, empleo, programas sociales y una orientación estatal que empieza a producir efectos.
La política social presentada por Peña tiene un mérito conceptual que conviene subrayar. No aparece como beneficencia aislada ni como gasto defensivo de emergencia. Se presenta como una cadena de acompañamiento del paraguayo a lo largo de la vida. Primera infancia, alimentación escolar, educación, becas, empleo, crédito productivo, vivienda, tierra, jubilación y pensión de adultos mayores integran una arquitectura de protección que busca cubrir etapas distintas de la existencia. Esa visión puede discutirse, mejorarse y auditarse con rigor. Tiene una virtud de base, ya que reconoce que la pobreza no se enfrenta con un solo instrumento. Un niño mal alimentado, una madre sin cuidado infantil, un adolescente sin conectividad, un joven sin beca, un productor sin crédito, una familia sin vivienda y un adulto mayor sin ingreso viven problemas encadenados. El Estado debe responder con políticas también encadenadas.
En primera infancia, el informe menciona los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia ya habilitados en Capiatá, Encarnación, Cambyretá, Villa Hayes y San Juan Nepomuceno, con otros 15 en construcción y 30 listos para iniciar, hasta completar los primeros 50. Familias de la Guarda resguarda a 1.000 niños y el Programa Abrazo llega a 6.500 niños en 56 distritos. Tekoporã Mbareté incorporó más de 21.000 familias y alcanza a casi 200.000. Estos números muestran una política que busca entrar temprano, allí donde se forman capacidades, lenguaje, salud, nutrición, cuidado y estabilidad familiar. En una sociedad que conoce demasiado bien la transmisión intergeneracional de la pobreza, invertir en los primeros años no representa un gesto decorativo. Representa una decisión de Estado sobre el futuro de la desigualdad.
Hambre Cero ocupa un lugar central en esa arquitectura. El programa alimenta a más de 1.000.000 de estudiantes en más de 7.000 escuelas de los 263 distritos del país, con desayuno, almuerzo y merienda durante todo el año lectivo. Su importancia excede la alimentación escolar. Más de 22.000 trabajadores directos, en su mayoría mujeres, fueron incorporados a la seguridad social. Al menos el 10% de los alimentos proviene de la agricultura familiar y desde este año otro 10% se abre a las MIPYMES. Las facturas emitidas en el marco del programa superan el equivalente a USD 90 millones. Aquí la política social se cruza con la microeconomía local, porque la comida de un niño se vuelve trabajo para cocineras, compra para productores, formalización para proveedores, ahorro para familias y permanencia escolar para estudiantes. Esa articulación permite medir un programa por sus efectos múltiples, no solamente por su foto más visible.
La educación aparece como otro eje de disputa nacional. Con el programa Ñe’ery se entregaron 19 millones de libros. Hace pocas semanas se inició la instalación de kits Starlink para 1.600 centros educativos, con lo que el país llega a casi 3.000 escuelas conectadas. Se intervinieron casi 800 instituciones por cerca de USD 26 millones, se renovaron por completo el Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Técnico Nacional, y se construyen Centros Educativos Emblemáticos en los 17 departamentos con una inversión superior a USD 50 millones. Las becas del Gobierno del Paraguay habilitaron 5.000 cupos por convocatoria y en la última llegaron a 7.600, hasta alcanzar casi 20.000 becas universitarias en casi tres años. SNPP y SINAFOCAL capacitaron a más de 88.000 personas. El desafío de calidad educativa sigue siendo enorme. La respuesta comienza con infraestructura, libros, conectividad, becas y formación laboral, porque sin esas bases ninguna reforma pedagógica resiste.
En salud, el propio informe admite una deuda histórica y habla de la mayor renovación hospitalaria de la historia, con más de USD 500 millones de inversión. Están en ejecución nuevos hospitales generales en Concepción, Curuguaty y Mariscal Estigarribia. Se adjudicaron el Hospital General de Asunción y el nuevo Hospital de Santaní, se proyecta el Hospital del Este y se inició el nuevo Hospital Nacional de Itauguá, previsto como el mayor complejo público del país, con más de 1.000 camas, 160 de terapia intensiva y 30 quirófanos. Se adquirieron 217 ambulancias, se sumaron casi 200 camas de terapia intensiva a las 463 existentes al inicio, y el INCAN recibió un aumento presupuestario de 150% para insumos y medicamentos. La atención oncológica se descentralizó con seis hospitales día y una red de 14 establecimientos que atendió a 19.400 pacientes y más de 26.000 sesiones de quimioterapia.
El mismo eje sanitario incluye datos que muestran un cambio de escala. Los mamógrafos pasaron de 25 a 57. Las consultas realizadas superaron 40 millones en tres años, frente a 15 millones del período anterior. La Línea 155 de salud mental, disponible todos los días y a toda hora, brindó más de 20.000 intervenciones. El Sistema de Información en Salud pasó de poco más de 200 establecimientos en 2023 a más de 1.300, equivalente al 80% de la meta camino al 100% en 2028. Estos avances no resuelven por decreto la experiencia cotidiana del paciente que espera, del asegurado que reclama al IPS o de la familia que busca medicamentos. Aportan una base material y tecnológica para pelear esa batalla con instrumentos reales. La salud pública no se corrige con indignación de ocasión. Se corrige con hospitales, ambulancias, camas, medicamentos, datos, gestión y control permanente.
La vivienda, la tierra y la vejez completan el mapa social del informe. La titulación de tierras llegó a 12.000 familias a mitad de mandato, una cifra equivalente a diez años de gestiones anteriores según la presentación presidencial. Se resolvieron casos emblemáticos como Marina Cué, Arroyito y Barbero Cué, y se concretó la primera titulación masiva del Chaco paraguayo en la Colonia Nueva Mestre después de 30 años de espera. En vivienda, el Gobierno afirma haber gestionado más de 45.000 soluciones y entregado más de 32.000, con Che Róga Porã registrando casi 5.000 créditos preaprobados por cerca de USD 270 millones. La pensión no contributiva alcanzó a más de 376.000 adultos mayores, con más de 97.000 nuevos beneficiarios desde 2022. El IPS redujo el trámite de jubilación de 33 días a uno y fortaleció la rentabilidad de sus inversiones. En esos frentes, la política social toca bienes esenciales, tierra, casa, ingreso y previsión.
El informe también instala una discusión de gobernanza. Peña reivindica 160 leyes sancionadas y promulgadas, 54 de ellas nacidas del Ejecutivo o acompañadas por el Gobierno. En ese paquete aparecen el nuevo régimen de incentivos fiscales, la modernización de la maquila, el ensamblaje de bienes de alta tecnología, la ley de arbitraje, el mercado de valores, las energías renovables no convencionales, la reforma de la Caja Fiscal, la ley de protección de datos personales, el fondo de crédito para MIPYMES, la reforma del transporte público y el marco del Tren de Cercanías. Una gestión que aspira a transformar la economía necesita leyes, reguladores, concursos, información pública, capacidad ejecutiva y coordinación entre poderes. El entusiasmo sin instituciones se evapora. La institución sin decisión política se paraliza. El informe defiende una combinación de estabilidad, mayoría legislativa, agenda reformista y resultados medibles.
La proyección internacional del Paraguay aparece en el informe como extensión de la economía. No se trata de protocolo diplomático ni de turismo presidencial. El país registró en el último año más de 14.500.000 movimientos migratorios, 2.100.000 turistas, un récord de 1.300.000 pasajeros en el Silvio Pettirossi y casi 55.000 residencias. Ese movimiento habla de un país que empieza a recibir gente, eventos, capital, interés empresarial y atención regional. La Asamblea de Gobernadores del BID, la Cumbre Ministerial de la OCDE, el Congreso de la FIFA, los Juegos Panamericanos Junior, el Rally del Paraguay y la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR forman parte de esa nueva visibilidad. La política exterior adquiere sentido económico cuando abre mercados, atrae inversiones, posiciona al país y convierte estabilidad interna en reputación externa. Una economía pequeña en población puede volverse relevante si combina energía, logística, alimentos, industria, baja conflictividad y reglas confiables. El informe apuesta a esa lectura del Paraguay como plataforma, puente y destino, con un lenguaje que busca romper la vieja comodidad de la periferia.
El dato energético merece un lugar propio. Paraguay posee una ventaja estructural que muchos países buscan con urgencia, energía limpia y abundante. El informe conecta esa ventaja con el proyecto Yguazú Digital, presentado como una alianza para construir un gran centro soberano de computación para inteligencia artificial, uniendo tecnología taiwanesa y potencia energética paraguaya. Esa línea no pertenece solamente al mundo tecnológico. Pertenece a la estrategia nacional de desarrollo, porque la energía barata sin industria reproduce dependencia, y la industria sin talento queda limitada. La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, con una inversión cercana a USD 30 millones, las becas, las tecnicaturas, la formación del SNPP y SINAFOCAL, y la conectividad escolar forman parte de una misma discusión sobre capital humano. El desafío consiste en transformar una ventaja natural en empleos calificados, proveedores nacionales, investigación, servicios exportables y salarios mejores. Una nación que se prepara para la inteligencia artificial desde su matriz energética discute el futuro con una agenda propia.
La lectura política de estos datos exige una posición clara frente al cinismo. La crítica responsable debe mirar presupuesto, licitaciones, plazos, calidad de obras, impacto territorial y sostenibilidad fiscal. Esa tarea es indispensable para que el informe no quede como una pieza ceremonial. Al mismo tiempo, el cinismo que reduce toda gestión a propaganda debilita la capacidad colectiva de reconocer avances y exigir continuidad. La madurez democrática consiste en evaluar sin indulgencia y sin mala fe. Si una escuela recibe libros, conectividad y alimentación, corresponde revisar aprendizaje, asistencia, infraestructura y transparencia. Si una familia accede a vivienda, corresponde mirar ubicación, financiamiento, servicios y calidad constructiva. Si una empresa invierte, corresponde mirar empleo, encadenamientos, cumplimiento tributario y respeto ambiental. El país necesita controles más exigentes justamente porque los programas crecen y manejan montos mayores. La escala nueva requiere vigilancia nueva.
El tono combativo de una lectura favorable al informe no debería esconder las tareas abiertas. Salud, educación, transporte público, medicamentos, IPS, calidad del gasto, burocracia, seguridad jurídica cotidiana y control de ejecución siguen exigiendo respuestas. La diferencia es que la crítica debe ubicarse dentro de un país que se mueve, no dentro de una caricatura inmóvil. Hay sectores que necesitan negar cualquier avance para conservar autoridad moral en el comentario público. Esa posición empobrece el debate, porque convierte toda cifra positiva en sospecha y toda obra en maniobra. El Paraguay necesita una oposición que controle, fiscalice, proponga y obligue al Gobierno a rendir más. También necesita una ciudadanía que se niegue a confundir fiscalización con resentimiento. El dato público debe ser discutido con seriedad, no triturado por reflejo.
El informe de Peña vale entonces por sus números y por la disputa que abre. Sus números hablan de crecimiento, inversión, empleo formal, pobreza descendente, alimentación escolar universalizada, becas, libros, conectividad, hospitales, viviendas, títulos de tierra y pensiones. La disputa consiste en decidir si el Paraguay acepta mirarse como un país que está acumulando capacidades o si vuelve a encerrarse en el relato de su imposibilidad. Nadie pide resignar el juicio crítico. Hace falta más juicio crítico, con más datos, más seguimiento, más auditoría y más comparación. La diferencia central reside en el punto de partida. Un país que reduce pobreza del 24,5% al 16,0% entre 2022 y 2025 no puede ser narrado con el mismo libreto de fracaso permanente. Un país que recibe inversión histórica, conecta escuelas, abre empresas y amplía empleo formal merece una discusión pública a la altura de ese cambio.
El Paraguay que emerge del informe tiene problemas persistentes y avances concretos. Para ser defendido no necesita presentarse como perfecto. Es un Estado que todavía debe corregir demoras, revisar procedimientos, castigar ineficiencias, ordenar instituciones y acelerar resultados. También es una sociedad que empieza a comprobar que la estabilidad puede producir movilidad, que el crecimiento puede financiar protección social, que la política puede intervenir en la vida diaria y que la confianza internacional puede traducirse en trabajo local. El informe presidencial no cierra la conversación. La eleva. Obliga a discutir con cifras, con responsabilidad y con una idea nacional de futuro. Frente a los que quieren reducir todo a escándalo, sospecha o derrota anticipada, corresponde afirmar una posición serena y firme. El Paraguay está cambiando de escala y esa transformación merece defensa, vigilancia y continuidad.
