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jueves, agosto 20, 2026

Paraguay tiene cinco años para evitar un problema que pocos quieren ver

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Paraguay debe decidir ahora cómo garantizará la energía que necesitará para sostener su crecimiento. La reforma impulsada por Santiago Peña abre una discusión postergada durante décadas y obliga a mirar más allá de la abundancia que todavía ofrecen Itaipú y Yacyretá.

Paraguay consumió durante décadas su ventaja hidroeléctrica suponiendo que aquello que sobraba también sobraría mañana. Itaipú y Yacyretá sostuvieron esa certeza, pero el país cambió. Crecen la demanda y la industria; aparecen actividades que necesitan mucha energía. Las proyecciones advierten que dentro de pocos años será necesario incorporar nueva capacidad de generación. Esperar equivaldría a descubrir el problema cuando ya desapareció el margen para elegir. Santiago Peña acierta al plantearlo ahora, mientras existe tiempo para planificar la matriz energética que necesitará Paraguay.

La creación de un Ministerio de Minas y Energías y de una autoridad reguladora debe juzgarse desde esa realidad. El esquema actual fue concebido hace seis décadas para un Paraguay menos industrializado y con una demanda menor. El país que pretende atraer fábricas, transformar materias primas y recibir infraestructura digital necesita instituciones capaces de pensar generación, transmisión e inversiones a largo plazo. Conservar una arquitectura antigua únicamente porque sobrevivió durante sesenta años no constituye prudencia. Cuando las condiciones cambian, gobernar exige capacidad para reformar.

Resulta llamativa la resistencia de sectores que durante años reclamaron utilizar nuestra electricidad para producir industria y empleo. Esa aspiración exige decisiones concretas y allí termina la comodidad de la consigna. No habrá industrialización sostenida sin infraestructura energética ni soberanía si Paraguay alcanza el límite de su capacidad sin preparar nuevas fuentes. Es fácil reclamar resultados mientras se rechazan los instrumentos necesarios para obtenerlos. La oposición puede permitirse esa incoherencia. El Gobierno, responsable de administrar el país, no dispone de semejante privilegio.

La economía vuelve urgente esta discusión. Las exportaciones bajo el régimen de maquila alcanzaron USD 860 millones hasta julio y crecieron 28%, mientras Alto Paraná profundiza su condición de plataforma para industria e inversión. Paraguay recibe empresas interesadas en actividades que encuentran en la electricidad una razón para instalarse. Esa ventaja puede convertirse en desarrollo o desperdiciarse por falta de previsión. El capital compara infraestructura y capacidad de suministro antes de comprometer recursos. La soberanía energética consiste también en garantizar que Paraguay continúe teniendo energía suficiente para producir.

La visita del príncipe Fumihito de Akishino y de la princesa Kiko aporta otra dimensión. Los noventa años de inmigración japonesa recuerdan una contribución a la agricultura, la educación y la producción paraguaya, aunque Japón representa tecnología, infraestructura, financiamiento e innovación. Allí adquiere sentido la política exterior de Peña. El protocolo tiene valor cuando abre puertas a inversiones, conocimiento y mercados. Paraguay necesita relaciones internacionales conectadas con una estrategia productiva, capaces de acompañar el crecimiento interno y ampliar las oportunidades que ofrece al mundo.

El Gobierno debe rendir cuentas por el déficit, justificar el gasto, investigar irregularidades y responder donde los resultados sean insuficientes. Apoyar una dirección política no significa renunciar al control. El problema aparece cuando la discusión queda reducida a escándalos destinados a durar hasta el siguiente titular. Mientras algunos fabrican la indignación del día, Paraguay aumenta exportaciones, atrae inversiones, amplía vínculos internacionales y comienza a resolver de dónde obtendrá la electricidad necesaria para crecer. Se pueden discutir errores e instrumentos; resulta difícil negar que existe una dirección.

La reforma energética puede terminar siendo una de las decisiones trascendentes de la administración Peña, aunque sus resultados correspondan a gobiernos futuros. Durante tiempo Paraguay trató su energía como una riqueza garantizada por las binacionales, cuando su valor depende de convertirla en producción, empleo y desarrollo. La industrialización dejará de ser una promesa cuando aceptemos preparar sus condiciones materiales. Itaipú nos entregó una oportunidad, pero ninguna represa garantiza inteligencia para aprovecharla. Peña hace muy bien en abrir ahora una discusión que sería cómoda postergar. El futuro energético se decide antes de que falte energía.

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