El presidente Santiago Peña descartó aumentar impuestos para financiar las nuevas demandas sociales. El Ministerio de Economía confirmó, al mismo tiempo, que trabaja con la DNIT en una revisión de las exenciones y deducibilidades vigentes. La decisión abre una discusión que Paraguay postergó durante años: cuánto cuestan los beneficios fiscales y cuáles siguen teniendo una razón para existir.
La crisis médica volvió a producir una reacción conocida. Aparece una necesidad urgente de recursos y rápidamente surge la propuesta de aumentar algún impuesto. Esta vez se habló del tabaco, de las rentas empresariales y de otras alternativas para conseguir dinero adicional. Santiago Peña cerró esa puerta esta semana. Su Gobierno mantendrá las tasas actuales y no creará nuevos tributos. La decisión obliga a buscar recursos dentro del sistema que Paraguay ya tiene.
Óscar Lovera señaló dónde puede comenzar esa búsqueda. El ministro de Economía confirmó que el Gobierno está revisando el gasto tributario, es decir, las exenciones y deducibilidades que reducen lo que efectivamente recauda el Estado. Los estudios manejados por el MEF estiman ese universo en alrededor de USD 1.000 millones. La cifra no representa dinero automáticamente recuperable: muchas exenciones tienen fundamentos económicos o sociales perfectamente válidos. Su magnitud, sin embargo, justifica saber qué resultados produce cada una.
Paraguay construyó buena parte de su competitividad alrededor de impuestos relativamente bajos y reglas tributarias sencillas. Esa ventaja merece ser preservada. Subir las tasas que pagan empresas y trabajadores formales puede aumentar la recaudación, pero también modifica decisiones de inversión, contratación y consumo. Revisar un beneficio concedido años atrás plantea una pregunta diferente: si todavía existen las condiciones por las cuales el Estado decidió renunciar a esos ingresos.
Las exenciones cumplen funciones concretas. Algunas promueven inversiones, otras protegen determinadas actividades y otras reconocen servicios de interés general prestados por instituciones privadas. La renuncia fiscal encuentra allí su fundamento. Con el tiempo pueden cambiar las instituciones, los mercados y las necesidades públicas. Una ventaja tributaria que tenía sentido hace veinte años merece ser examinada con información actual. Si continúa cumpliendo su objetivo, habrá buenos argumentos para conservarla. Si dejó de hacerlo, mantenerla tiene un costo para todos.
El momento económico permite encarar esa revisión sin improvisaciones. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 4,4% para Paraguay en 2026 y destacó la resiliencia de la economía. También recomendó ampliar la base imponible y mejorar la eficiencia del gasto para generar espacio destinado a prioridades sociales y de desarrollo. Paraguay puede fortalecer sus ingresos preservando la estructura tributaria que contribuyó a esa estabilidad.
La tarea exige transparencia. El MEF y la DNIT deberían identificar los principales componentes del gasto tributario, estimar su costo, establecer qué objetivo persigue cada beneficio y comprobar periódicamente sus resultados. La discusión pública ganaría mucho si cada exoneración pudiera responder preguntas elementales: cuánto cuesta, quiénes acceden a ella, por qué fue creada y qué recibe el país a cambio. Con esa información, el Congreso podría decidir sobre beneficios fiscales con el mismo rigor que aplica al aprobar partidas del Presupuesto.
Salud necesita medicamentos, especialistas mejor remunerados y una carrera sanitaria sostenible. El presupuesto de 2027 ya contempla USD 760 millones para medicamentos e insumos, USD 260 millones más que el vigente. Encontrar recursos adicionales seguirá siendo necesario. Peña eligió preservar las tasas tributarias y Lovera empezó a mirar las excepciones. Ese orden tiene sentido: antes de pedir más al que ya paga, Paraguay debe revisar por qué algunos todavía pagan menos o directamente no pagan.
