Un informe preliminar de la Contraloría General de la República detectó 1.090 títulos universitarios, declarados por 1.082 funcionarios de 35 organismos del Estado, que las universidades no reconocen, y denunció los casos ante la Fiscalía. La auditoría cuestiona los controles del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), al que recomendó evaluar la suspensión de habilitaciones de carreras, y registra 877 ofertas académicas sin acreditación vigente, 184 de ellas del área de la salud.
El contralor general, Camilo Benítez, presentó este jueves el primer avance de la fiscalización sobre títulos académicos en la función pública, en una conferencia de prensa en el Congreso junto al senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial que investiga la expedición de títulos falsos. La revisión abarcó 34.068 registros, y en 1.090 de ellos las instituciones educativas no encontraron respaldo.
«Nos encontramos con una realidad mucho más perversa de la que nosotros habíamos presumido en el peor de los escenarios», afirmó Benítez, al explicar que la auditoría no podrá cerrarse en el plazo inicial de 45 días. El Ministerio de Educación y Ciencias concentra la mayor cantidad de casos, con más de 800 funcionarios, y la propia Contraloría registra cuatro, por los que ya abrió sumarios administrativos.
El informe señala debilidades en los controles del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el organismo encargado de habilitar y supervisar universidades y carreras. Según Benítez, el Cones no aplicó medidas frente a ofertas académicas que funcionan sin cumplir los requisitos, y el propio consejo reconoció que carece de infraestructura y personal para cumplir sus funciones. Consultado sobre la actuación del organismo, el contralor respondió: «¿Nulo control? Nulo control».
La Contraloría presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunción de hechos punibles. Kemper aclaró que los hallazgos todavía no permiten afirmar que todos los casos sean falsificaciones comprobadas, y que cada expediente deberá verificarse.
El informe es preliminar. Al cierre del corte faltaban las respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas, sobre un universo total de unos 94.000 funcionarios a examinar. La Contraloría aún no estimó el perjuicio económico para el Estado, que dependerá de si los funcionarios cobraron bonificaciones u otros beneficios atados a sus títulos.
