El envejecimiento de la población paraguaya abre nuevas oportunidades económicas, pero también plantea interrogantes sobre las desigualdades sociales, el mercado laboral y las condiciones en las que las próximas generaciones llegarán a la vejez.
Paraguay atraviesa una transformación demográfica que inevitablemente modificará su estructura poblacional. Nuestro país, si bien históricamente se ha caracterizado por contar con una población predominantemente joven, no resulta ajeno a la transición demográfica mundial: registra simultáneamente un descenso de la fecundidad y un aumento de la esperanza de vida, dando lugar a una población nacional cada vez más envejecida.
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2026 las personas de 65 años y más representan el 8,9 % de la población nacional. Para 2050, se estima que esta proporción alcanzará el 16,4 %. En otras palabras, en poco más de dos décadas, aproximadamente una de cada seis personas tendrá 65 años o más.
Esta transformación ha puesto en discusión, a nivel internacional, el concepto de economía plateada. Con este concepto se hace foco en el conjunto de actividades económicas vinculadas con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades y demandas de una población cada vez más envejecida. La economía plateada comprende el desarrollo de actividades productivas y de servicios, así como el fortalecimiento institucional de sectores como la salud, la vivienda, el transporte, la tecnología, el turismo y los servicios de cuidado, con posibilidades de generar nuevas inversiones y empleos, constituyéndose así en un factor de dinamización de la economía.
Sin embargo, las oportunidades que ofrece la economía plateada deben analizarse a partir de las características específicas de la estructura social y económica paraguaya.
En este sentido, de acuerdo con los datos del INE, en 2025 la informalidad laboral alcanzaba al 60,1 % de las personas ocupadas en actividades no agropecuarias. Entre quienes tenían 65 años y más y continuaban trabajando, esta proporción llegaba al 79,4 %. Estas cifras permiten dimensionar una problemática central: una parte considerable de la población transita su vida laboral sin las condiciones de protección social necesarias para garantizar seguridad económica durante la vejez.
En este escenario, la expansión de un mercado destinado a las personas mayores no garantiza, por sí misma, que sus beneficios alcancen a quienes más los necesitan. Las posibilidades de acceder a determinados bienes y servicios estarán condicionadas por los ingresos, las trayectorias laborales y las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida.
Por otra parte, el envejecimiento también incrementará la demanda de cuidados, actividad históricamente sostenida por las familias y, particularmente, por las mujeres. Su creciente importancia económica plantea la necesidad de ampliar los servicios, profesionalizar el trabajo de cuidados y promover condiciones laborales adecuadas.
La economía plateada puede convertirse en un espacio para la diversificación productiva y la generación de empleo. Sin embargo, su desarrollo requiere una articulación entre la iniciativa privada, las políticas públicas y los sistemas de protección social.
Por tanto, corresponde al Estado nacional asumir la responsabilidad de prever, planificar y formular políticas públicas capaces de responder a las necesidades y expectativas de una sociedad cuyo perfil demográfico se transforma al ritmo del envejecimiento de su población. El fortalecimiento de la seguridad social, la ampliación de los sistemas de previsión, la inversión en infraestructura urbana, la formación de profesionales especializados en cuidados y la generación de condiciones laborales dignas requieren una planificación de largo plazo que incorpore esta nueva realidad demográfica.
Sin embargo, estos desafíos no pueden abordarse desde una perspectiva exclusivamente mercantil que reduzca el envejecimiento a la expansión de nuevos mercados y oportunidades de rentabilidad. La economía plateada debe pensarse también desde su dimensión social, reconociendo que el acceso a una vejez digna no debe depender únicamente de la capacidad adquisitiva de las personas. Esto supone construir condiciones materiales e institucionales que permitan transitar esta etapa de la vida con autonomía, protección social y sin las formas de precariedad que históricamente han caracterizado a buena parte de las trayectorias laborales en el país.
En definitiva, el desafío no consiste solamente en adaptar la economía a una población que envejece, sino en reconocer que la vejez constituye una experiencia humana compartida, cuya protección debe formar parte de las responsabilidades colectivas de una sociedad. Se trata, en última instancia, de garantizar que la posibilidad de vivir más años también sea la posibilidad de envejecer dignamente en suelo patrio, sin que ello represente un privilegio reservado a quienes hayan logrado acumular suficientes recursos económicos a lo largo de su vida.
