Una denuncia formal del IPS ingresó al CONES el 29 de julio de 2024. El organismo aprobó de todas maneras siete resoluciones vinculadas a UNASUR durante 2025, incluidas habilitaciones con dictámenes económicos favorables.
El escándalo de UNASUR ya no puede presentarse como una sorpresa que estalló con el allanamiento fiscal. Los documentos prueban que el Consejo Nacional de Educación Superior fue advertido mucho antes. El 18 de julio de 2024, el presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez Acosta, firmó la Nota PR N.º 0638/2024 dirigida al entonces presidente del CONES, Nelson Mora. La denuncia ingresó por Mesa de Entrada el 29 de julio, a las 8:53, bajo el expediente N.º 1580. Hay fecha, número, destinatario y sello. Ninguna autoridad puede reducir ese documento a un rumor de pasillo.
El IPS denunció que la firma Educación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social, vinculada a UNASUR, adeudaba G. 4.300 millones por el arrendamiento de un inmueble en Limpio; afirmó que no había pagado el canon convenido, cuestionó el incumplimiento de inversiones pactadas por al menos USD 500.000 y describió un predio en abandono que, según sus verificaciones, se utilizaba como centro de eventos. La nota también alertó sobre morosidad en los aportes obrero-patronales. Su pedido fue explícito: informes sobre los permisos de la institución, apertura de un sumario administrativo y clausura del establecimiento denunciado. No solicitó automáticamente el cierre de todas las filiales; pidió que el órgano competente investigara.
¿Qué hizo el CONES con una denuncia tan precisa? En lugar de que hoy podamos examinar públicamente el sumario, las inspecciones y la respuesta enviada al IPS, lo que sí aparece en los registros son nuevas habilitaciones. La planilla de resoluciones de 2025 consigna siete actos —67, 167, 170, 191, 640, 926 y 943— que agrupan veinte registros académicos, cuatro de ellos correspondientes a la conversión en definitivas de habilitaciones condicionadas, además de tres registros administrativos de filiales. Entre las ofertas figuran Enfermería, Radiología, Psicología Clínica, Kinesiología y Fisioterapia, Medicina Veterinaria, Derecho y una maestría. Esta no es una omisión menor: es el contraste brutal entre una alarma oficial y la maquinaria de autorizar.
El patrón no terminó allí. La Resolución N.º 640/2025, del 13 de octubre, aprobó la Maestría en Gestión Deportiva y volvió a consignar un dictamen económico favorable. Y la Resolución N.º 943/2025, aprobada en sesión plenaria del 4 de diciembre, convirtió en definitivas cuatro habilitaciones de Química Analítica Industrial y Medicina Veterinaria en Ciudad del Este y San Ignacio. También allí consta una evaluación favorable de la dimensión económica. Resulta inadmisible que la calificación económica se convierta en una fórmula de trámite mientras una institución pública lleva años reclamando obligaciones patrimoniales y previsionales. Si existieron verificaciones serias, que se publiquen.
El festival de habilitaciones del CONES continuó en 2026. Mediante la Resolución N.º 152/2026, el organismo autorizó dos nuevas carreras de UNASUR, Enfermería y Nutrición, ambas con dictámenes económicos favorables. Casi veinte meses después de recibir una denuncia formal del IPS por deudas millonarias y morosidad previsional, el CONES seguía habilitando carreras. ¿Qué hicieron con aquella denuncia? ¿Qué verificaron sus técnicos antes de emitir nuevos dictámenes favorables? Un nuevo capítulo de la podredumbre institucional de un organismo que parece haber convertido el control de calidad en una fábrica de habilitaciones.
La memoria institucional hace todavía más escandalosa la secuencia. En 2017 el propio CONES dispuso la clausura de catorce carreras y treinta y una filiales de UNASUR por problemas de habilitación. Ocho años después, lejos de estar ante una institución sin antecedentes, el regulador volvió a multiplicar autorizaciones. El caso muestra la enfermedad de un sistema capaz de exhibir severidad en una resolución, olvidar sus advertencias en la siguiente y descargar finalmente el costo sobre estudiantes, docentes y trabajadores. La educación superior no puede funcionar con una memoria que se borra cada vez que ingresa un nuevo expediente.
El 4 de noviembre de 2026, la Fiscalía allanó la sede central de UNASUR en Asunción por una investigación sobre presunta evasión de aportes a la seguridad social entre 2022 y 2025; también investiga inconsistencias tributarias y la posible utilización de una cuenta paralela para cobrar a estudiantes. Esas imputaciones todavía deben probarse en sede penal. Pero la responsabilidad política y administrativa del CONES no depende de esperar una condena: debe explicar qué hizo con la denuncia que recibió en 2024, qué verificó antes de cada habilitación y por qué consideró favorable una dimensión económica que merecía, como mínimo, una comprobación rigurosa.
Este es otro capítulo de la degradación de un órgano regulador que se ha convertido en sinónimo de expedientes interminables para unos y sorprendentes facilidades para otros. La corrupción institucional no se combate con declaraciones solemnes sobre la calidad ni con una burocracia que sabe producir sellos y desconoce el significado del control. Se combate haciendo trazables las decisiones y exigiendo responsabilidades cuando las advertencias no producen consecuencias visibles. Que el CONES publique íntegro el expediente N.º 1580/2024, las actas del pleno, los dictámenes económicos y las inspecciones que respaldaron las siete resoluciones. Que identifique quiénes intervinieron y qué información conocieron. Si nada tuvo que objetar, deberá demostrarlo con papeles.
