El triunfo de Kast no consagra solo un cambio de signo político, sino el colapso de una fantasía refundacional que, desde el estallido de 2019, quiso reemplazar la institucionalidad chilena por una tabula rasa identitaria. La izquierda woke, incapaz de traducir indignación en orden duradero, fue derrotada por el sistema de partidos, por el voto reiterado y por una sociedad que rechazó dos veces el delirio constitucional y eligió, una vez más, la continuidad republicana sobre la épica vacía.
El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025 no es un rayo en cielo sereno. Es el desenlace de un ciclo histórico que se abrió cuando el segundo gobierno de Sebastián Piñera quedó sitiado por el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, con su mezcla de protesta legítima, erosión de autoridad y una ilusión expansiva de que Chile podía reiniciarse desde cero.
Esa ilusión encontró una puerta institucional con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, que prometía procesar el conflicto sin incendiar la república. Luego vino el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, donde el Apruebo obtuvo 78,27% y se impuso con fuerza la opción de una Convención Constitucional como órgano redactor. Chile no eligió entonces una revolución, eligió un procedimiento, y le dio al cambio una legitimidad masiva.
Sobre ese impulso se montó Gabriel Boric, que ganó la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre de 2021 con 55,87% frente a 44,14% de Kast y asumió el 11 de marzo de 2022. Boric intentó encarnar la traducción gubernamental de esa nueva sensibilidad, y en buena medida quiso ser la prueba viviente de que la energía destituyente de 2019 podía transformarse en institucionalidad y futuro.
El problema fue que la izquierda indefinida, en el sentido de Gustavo Bueno, no sabe detenerse. No reforma, coloniza. No limita, desborda. En lugar de construir un pacto común, la izquierda woke chilena se enamoró de su propia retórica, convirtió la constitución en un manifiesto identitario y trató a la mitad del país como material pedagógico. El resultado fue un texto que pareció escrito para un circuito militante y universitario, no para una comunidad política plural que necesita reglas durables, previsibles y compartibles.
Esa izquierda indefinida no es simplemente “la izquierda” como tradición política con corrientes, partidos, doctrina y horizonte de gobierno. Es otra cosa, más vaporosa y más peligrosa. Es una constelación que cambia de forma según la coyuntura, que se cohesiona por emociones morales y por enemistades compartidas, y que tiende a sustituir el programa por el gesto. Cree que la legitimidad proviene de la intensidad con que se enuncia una demanda, no de la capacidad de convertirla en política pública estable. Por eso se vuelve adicta a la tabula rasa, porque gobernar exige continuidad, administración de límites y pactos, mientras la tabula rasa promete una épica sin costo, un país nuevo sin el trabajo ingrato de la mediación.
De ahí su delirio de refundación imaginaria. Supone que una sociedad es un texto que se corrige desde una sala de redacción constituyente, como si la nación no fuera también economía, cultura, burocracia, fuerzas sociales, intereses, hábitos y memoria histórica. La fantasía refundacional se alimenta de la idea de que basta reescribir para transformar, que basta nombrar para crear, y que el derecho puede reemplazar a la política real. Cuando esa fantasía se impone, la constitución deja de ser marco común y se vuelve catecismo de una facción. Y un catecismo faccional no ordena una república, la fractura.
También por eso no pudo desplazar la fuerza del sistema de partidos chileno. Porque el sistema de partidos, con todas sus miserias, es el lugar donde se organiza la duración. Es la maquinaria que transforma preferencias dispersas en mayorías, y mayorías en decisiones repetibles. La izquierda indefinida suele despreciar esa maquinaria, la acusa de “transar”, la reduce a “cocina”, y en ese desprecio se incapacita para sobrevivir cuando se apaga el fervor. Puede ganar una asamblea, pero no sabe sostener un Estado. Puede imponer un clima, pero no construir un régimen. Puede gritar, pero no institucionalizar.
La militancia autonomista es el símbolo perfecto de esa impotencia. Se presenta como ciudadanía pura, como virtud sin intermediarios, como política sin organización. Termina casi siempre igual, en un archipiélago de colectivos que compiten por prestigio moral, que se fragmentan por diferencias mínimas y que sustituyen la disciplina de la institución por la estética del movimiento. En el corto plazo producen ruido y ocupan agenda. En el largo plazo producen nada, porque la nada es el destino de lo que renuncia a la forma y al orden, que son la condición mínima de lo perdurable.
La sanción fue democrática y humillante. El 4 de septiembre de 2022, el Rechazo se impuso con 61,86% frente a 38,14%. No fue un tecnicismo, fue un portazo nacional al delirio constitucional y a la pretensión moral de hablar en nombre del pueblo mientras se lo sermonea.
La insistencia no corrigió el error, lo confirmó. En el plebiscito constitucional del 17 de diciembre de 2023, la opción En contra volvió a ganar con 55,76% frente a 44,24% de A favor. Dos plebiscitos, dos rechazos, dos derrotas del mismo impulso. Ahí se quebró definitivamente la esperanza que Boric había encaramado, porque quedó claro que no era un problema de un artículo u otro, sino de una forma de mirar la política como performance moral incapaz de producir un marco común.
Con ese antecedente, el 2025 se vuelve comprensible. Kast gana con 58,16% frente a 41,84% y lo hace sobre los escombros de una promesa que se proclamó histórica y terminó siendo efímera. La fortaleza institucional chilena derrotó de manera contundente el proyecto refundacional que quiso reemplazar el sistema de partidos y sus mediaciones por el asambleísmo, el autonomismo y la épica de la calle. Esa derrota es la lección chilena para el progresismo continental que apostó a que la indignación podía sustituir a la arquitectura. No pudo, porque no supo institucionalizarse en algo perdurable, y porque Chile, a diferencia de otros países, tiene mecanismos que absorben el conflicto y lo devuelven como veredicto electoral.
