El gremio de magistrados judiciales solicitó al Senado postergar el estudio de la reforma de la Caja Fiscal, al considerar que el texto fue modificado por el propio Ejecutivo antes de su tratamiento y que aún hay margen de tiempo para debatir ajustes, ya que la eventual ley regiría recién desde enero de 2027.
El gremio que aglutina a los magistrados judiciales pidió la postergación del tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, cuya consideración está prevista para este martes 10 de febrero en la Cámara de Senadores. El planteamiento se basa en la necesidad de un mayor debate y en las modificaciones introducidas al texto original antes de su análisis en la plenaria de la Cámara de Diputados.
En una entrevista con radio Ñandutí, el abogado y magistrado Carlos Hermosilla calificó al texto ajustado como un “proyecto dos”, al sostener que el propio Ejecutivo modificó su iniciativa inicial antes de que sea tratada en el Congreso. Según argumentó, esta situación demuestra que el proyecto original no fue suficientemente estudiado o que, ante el clima generado, se optó por introducir cambios. “Lo cierto y lo concreto es que ellos modificaron su propio proyecto”, afirmó.
HermosiIla recordó que, en la versión inicial, se ampliaban los años de servicio de la magistratura nacional y señaló que el régimen jubilatorio de los jueces se rige por un decreto de 1954, que establece dos condiciones: 50 años de edad y 24 años de servicio. Reconoció que se trata de una jubilación privilegiada, pero cuestionó el salto planteado en la reforma. “No de un plumazo decir: no, 50 años no, ahora va a ser 57 para la extraordinaria y 62 para la ordinaria. O sea, nos obligan con esta ley a trabajar 12 años más”, manifestó.
El magistrado sostuvo que el debate no pasa por negar la realidad financiera de la Caja Fiscal, sino por discutir qué es lo justo y lo razonable en términos de edad y años de aporte. En ese sentido, remarcó que el propio Ministerio de Economía y Finanzas había manejado en su momento escenarios distintos a los finalmente incluidos en el texto con media sanción.
En cuanto al pedido de postergación, Hermosilla señaló que no existe urgencia legislativa inmediata, ya que la ley, en caso de ser aprobada, entraría en vigencia recién en enero de 2027. “Tenemos todo el año básicamente para discutir, ajustar y ponernos de acuerdo”, afirmó, agregando que la propia génesis del proyecto evidencia la necesidad de una revisión más profunda.
El planteamiento de los magistrados se suma a las objeciones y pedidos de distintos sectores, como docentes y otros funcionarios públicos, que reclaman cambios en aspectos centrales de la reforma, especialmente en la tasa de sustitución y en las condiciones de acceso a la jubilación. Mientras tanto, el Senado deberá definir si mantiene el cronograma previsto o si accede a postergar el estudio para abrir una instancia de diálogo más amplia.
