El Ministerio Público imputó al exministro de Obras Públicas y precandidato presidencial Arnoldo Wiens por un supuesto perjuicio patrimonial millonario al Estado en el marco del fallido proyecto del Metrobús.
El Ministerio Público imputó a Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones y actual precandidato presidencial por la disidencia de la ANR, por un supuesto perjuicio patrimonial al Estado en el marco del fallido proyecto del Metrobús.
Según la investigación fiscal, Wiens es sindicado de un presunto daño patrimonial que ronda los G. 6.000 millones y G. 8.000 millones, vinculado a la destrucción de obras del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, en el tramo comprendido entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
En la causa también se menciona otro monto presuntamente perjudicado por G. 8.030.693.029, correspondiente a pagos realizados a la empresa contratista Mota Engil Ingeniería y Construcción S.A., en concepto de trabajos acordados en el Acta de Entendimiento, que habrían sido imputados a la suma provisional destinada a obras y gastos de contingencia.
El antecedente inmediato del caso es el sobreseimiento provisional del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y de la exviceministra de Finanzas Marta Benítez, quienes habían sido procesados por los hechos relacionados con el proyecto durante el gobierno de Horacio Cartes. En aquel momento, el mismo equipo de fiscales solicitó la medida por considerar que existía “falta de certeza” en la causa.
De acuerdo con la Fiscalía, al analizar las pruebas producidas tanto por la acusación como por la defensa, surgieron pericias contradictorias: una que sostenía la existencia de un perjuicio patrimonial por G. 180.030.528.699 y otra que concluía que no existía daño económico al Estado, lo que motivó la reapertura parcial del análisis del caso.
La imputación contra Wiens fue presentada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, y el requerimiento fue comunicado a un juez penal de Garantías, quedando la causa a cargo del magistrado Humberto Otazú. El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares menos gravosas, orientadas a evitar riesgos de fuga u obstrucción de la investigación.
