De cada diez carreras de Derecho que funcionan en Paraguay, apenas dos están acreditadas. Las otras ocho nunca pasaron por un proceso de evaluación de calidad. Siguen funcionando, siguen cobrando matrículas, siguen titulando abogados. Y el Consejo Nacional de Educación Superior —el CONES, organismo que las habilita— mira para otro lado.
Los números son del propio Estado. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior acaba de publicar un informe ejecutivo que desnuda la situación de la formación jurídica en el país: de 191 carreras de Derecho habilitadas, solo 33 cuentan con acreditación vigente. Eso representa una tasa de acreditación del 17,3%. Las 158 restantes —el 82,7%— operan sin haber demostrado jamás que cumplen con estándares mínimos de calidad académica.
No se trata de una exigencia burocrática ni de un sello decorativo. El artículo 2 de la Ley 2072/2003, que creó la ANEAES, es categórico: la participación en procesos de evaluación externa y acreditación es obligatoria para las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica. No dice “voluntaria”. No dice “recomendable”. Dice obligatoria. Y lo dice por una razón de fondo: estas son carreras cuyos títulos habilitan para el ejercicio de profesiones que pueden causar daños a la integridad de las personas o a su patrimonio. Un abogado mal formado no es un problema abstracto: es un ciudadano que pierde un juicio por negligencia, una empresa que quiebra por un contrato mal redactado, un inocente que va preso por una defensa deficiente.
Sin embargo, la ley se incumple de manera masiva y sistemática. ¿Quién habilita esas 158 carreras que nunca se sometieron a evaluación? El CONES. ¿Quién tiene la potestad de exigir estándares mínimos antes de autorizar la apertura de una sede o filial universitaria? El CONES. ¿Quién debería articular con la ANEAES para que ninguna carrera de acreditación obligatoria funcione indefinidamente sin iniciar su proceso de evaluación? El CONES.
La distribución geográfica del problema agrava la preocupación. El Departamento Central concentra 78 carreras de Derecho habilitadas, pero apenas una está acreditada. Una de setenta y ocho. En Concepción hay cuatro habilitadas y cero acreditadas. En Presidente Hayes, tres habilitadas y cero acreditadas. El mapa de la formación jurídica en Paraguay es, en buena parte del territorio, un desierto de calidad certificada.
Hay que decirlo con claridad: lo que está en juego no es un dato estadístico sino la credibilidad del sistema de justicia paraguayo. Los jueces, fiscales, defensores públicos y abogados litigantes que el país necesita para hacer funcionar su Estado de Derecho se están formando, en su inmensa mayoría, en instituciones que nunca demostraron cumplir con criterios mínimos de calidad. La pregunta que la ciudadanía tiene derecho a hacerse es directa: ¿qué legitimidad académica y profesional tiene un título de abogado expedido por una carrera que incumple la ley que le obliga a ser evaluada?
Es justo reconocer que el gobierno del presidente Peña ha dado pasos concretos en la dirección correcta. En septiembre de 2025, el Ministerio de Educación y Ciencias estableció que desde 2026 todas las carreras comprendidas en la Ley 2072 deberán encontrarse en proceso de acreditación, y que a partir de 2028 solo los títulos de carreras acreditadas podrán ser registrados por el MEC. Es una medida de largo alcance que pone fecha límite a la impunidad académica. La propia ANEAES ha venido cumpliendo su rol con rigor y transparencia, como lo demuestra este informe que no oculta la dimensión del problema.
El eslabón débil de la cadena es el CONES. Es el organismo que tiene en sus manos la llave de habilitación y que, durante años, abrió esa puerta con una generosidad que no se corresponde con ningún criterio de calidad. Es el organismo que permitió que proliferaran carreras de Derecho en localidades donde no hay biblioteca jurídica, no hay cuerpo docente con formación de posgrado, no hay infraestructura mínima para una enseñanza seria. Y es el organismo que debe asumir el desafío de alinear su actuación con la política de calidad que el gobierno ha definido como prioritaria.
El informe de la ANEAES también revela que el 60,6% de las carreras acreditadas corresponde al sector privado y el 39,4% al sector público. Pero esa proporción debe leerse en contexto. Cuando se mira la lista de las 33 carreras con acreditación vigente, se advierte que apenas un puñado de instituciones concentra el esfuerzo: la Universidad Nacional de Asunción con sedes acreditadas en Asunción, Coronel Oviedo, San Juan Bautista, San Estanislao, Quiindy, Pedro Juan Caballero, Caacupé y San Pedro del Ycamandyyú; la Universidad Católica con sedes en Asunción, Guairá, Pedro Juan Caballero y Alto Paraná; la Universidad Tecnológica Intercontinental en Asunción, Encarnación, San Lorenzo y Hernandarias; y unas pocas más como la Universidad Americana, la Autónoma de Encarnación, la del Norte, la Privada del Este, la Iberoamericana, la Columbia, la de Integración de las Américas, la Nacional de Itapúa, la de Canindeyú, la de Pilar, la de Caaguazú, la Nacional del Este y el Instituto EDUPCA. Es decir: de las más de 40 universidades que ofrecen Derecho en Paraguay, la gran mayoría jamás sometió a evaluación ni una sola de sus carreras. Son fábricas de títulos que funcionan al margen de la ley, amparadas por la habilitación que el CONES les otorgó sin exigirles lo que la norma manda.
Paraguay aspira al grado de inversión de Fitch, negocia acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, busca atraer inversiones internacionales. Todo eso requiere seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica empieza por los abogados que la construyen, por los jueces que la aplican, por los fiscales que la defienden. Si ocho de cada diez carreras que forman a esos profesionales nunca demostraron que enseñan bien, el cimiento es de arena.
