Santiago Peña calificó como legítimo el pedido de recuperación del salario real y ordenó al Ministerio de Trabajo defender a los trabajadores en la negociación, mientras el Gobierno impulsa cambios al sistema de ajuste y la desindexación del salario mínimo.
El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció sobre el proceso de reajuste del salario mínimo y consideró como un reclamo legítimo el pedido de la clase trabajadora de recuperar su poder adquisitivo.
“El reclamo es genuino y no podemos ser indiferentes”, sostuvo el mandatario, al tiempo de instruir a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, a priorizar la defensa de los trabajadores en las negociaciones que se desarrollan en el Consejo Tripartito.
Peña señaló que el rol del Gobierno en este proceso es el de árbitro entre trabajadores y empresarios, subrayando que el diálogo debe ser el mecanismo central para alcanzar acuerdos. En ese sentido, remarcó que el objetivo es lograr una mejora en los ingresos sin poner en riesgo la generación de empleo.
El mandatario también reconoció que, si bien se ha registrado un crecimiento en la ocupación laboral, el desafío pasa ahora por asegurar que ese avance se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.
Por su parte, la ministra Recalde confirmó que el salario mínimo será uno de los temas centrales del mes de mayo y adelantó que la discusión se realizará con base en información técnica proporcionada por distintas instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Industria.
Según explicó, el monto estimado bajo el esquema actual —cercano a los 60.000 guaraníes— resulta insuficiente para responder a la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo no puede fijar unilateralmente el aumento, sino que debe surgir de la negociación entre las partes.
“El objetivo es que el salario real crezca y que la plata le alcance a la gente”, afirmó, destacando que el proceso buscará equilibrar las posiciones en la mesa de diálogo.
En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma estructural del sistema mediante un proyecto de ley que propone desvincular el salario mínimo de otros valores como impuestos, tasas y contribuciones, que actualmente se ajustan de forma automática con cada aumento.
La iniciativa plantea crear una nueva unidad de medida para estos conceptos, con el objetivo de evitar el llamado “efecto arrastre”, que encarece distintos servicios y limita el impacto real de los incrementos salariales.
Recalde adelantó que el proyecto podría ser presentado al Congreso en los próximos días y que formará parte de un conjunto de medidas orientadas a proteger el salario mínimo y mejorar su impacto en el ingreso de los trabajadores.
