El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, afirmó que el máximo tribunal aún analiza la propuesta impulsada desde la ANEAES para exigir una evaluación adicional a egresados de carreras de Derecho no acreditadas antes de otorgar la matrícula profesional de abogado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, confirmó que el máximo tribunal continúa estudiando la propuesta vinculada a la posibilidad de exigir un examen adicional a egresados de carreras de Derecho no acreditadas para acceder a la matrícula profesional de abogado.
El ministro explicó que la discusión sigue abierta y que la Corte prevé emitir una definición en los próximos días, atendiendo la complejidad jurídica y normativa del planteamiento impulsado desde la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
“Seguimos en el estudio, creo que este miércoles vamos a dar una solución, por llamarlo un corte al tema”, expresó Martínez Simón.
Indicó que actualmente se encuentran revisando las disposiciones establecidas en el Código de Organización Judicial y otras leyes relacionadas con el sistema de educación superior y acreditación universitaria.
“Estamos analizando realmente los requisitos que señala el Código de Organización Judicial. Como bien lo señalaste, es una ley y habría que ver al respecto, pero sí tomar en cuenta otras disposiciones normativas de igual clase de leyes que crearon la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, ANEAES”, manifestó.
El titular de la Corte agregó que también se analiza la relación normativa entre la ANEAES y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como el alcance actual del concepto de “título habilitante”.
“Ponernos a estudiar nuevamente la definición del Código de Organización Judicial en cuanto dice título habilitante, qué se entiende hoy día por el título habilitante, si es que deben cumplir o no los requisitos de ANEAES”, sostuvo.
Martínez Simón insistió en que todavía no existe una decisión definitiva sobre el tema y remarcó que la cuestión requiere un análisis prudente por parte de la máxima instancia judicial.
“O sea, es un tema que todavía no está cerrado y que pensamos darle el estudio prudente que necesita”, concluyó.
