El presidente de la ANDE rechazó versiones sobre supuestas presiones políticas o sectoriales durante el proceso que derivó en la derogación de decretos vinculados a industrias convergentes. Sostuvo que la discusión se dio sobre criterios técnicos y que la estatal tenía la obligación de advertir sobre eventuales riesgos para su sostenibilidad financiera.
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, negó que hayan existido presiones políticas, empresariales o de cualquier otro sector durante el proceso que culminó con la revisión de los decretos vinculados al esquema para industrias convergentes.
Las declaraciones se producen luego de la decisión del presidente Santiago Peña de dejar sin efecto las normativas que establecían condiciones especiales para proyectos intensivos en consumo energético y que generaron debate respecto al impacto que podrían tener sobre el sistema eléctrico nacional.
En entrevista con radio Monumental, Sosa aseguró que el proceso fue desarrollado dentro de una mesa técnica integrada por distintas instituciones del Estado y rechazó las versiones que apuntaban a supuestas interferencias externas.
“En ningún momento hubo una presión en ningún momento ni de ningún sector”, afirmó.
El titular de la ANDE explicó que la participación de la estatal estuvo orientada exclusivamente a exponer criterios técnicos y advertencias institucionales sobre las condiciones económicas planteadas.
Uno de los puntos de discusión fue la propuesta de establecer una tarifa fija de USD 30 por megavatio hora para la empresa inversora Atom por un periodo de 15 años.
Sobre ese punto, Sosa sostuvo que la ANDE planteó observaciones debido al posible impacto financiero que podría generar una estructura tarifaria de largo plazo.
“Tenemos la obligación de advertir si creemos que puede poner en riesgo la salud financiera”, manifestó.
El presidente de la estatal remarcó que el objetivo nunca fue frenar inversiones ni oponerse al proceso de industrialización, sino asegurar que el crecimiento económico se sostenga sobre condiciones compatibles con la estabilidad del sistema eléctrico.
Asimismo, destacó la decisión del presidente Santiago Peña de revisar el esquema inicial y valoró la apertura del Ejecutivo para incorporar recomendaciones surgidas del trabajo técnico interinstitucional.
Sosa recordó además que continúa vigente el contrato firmado originalmente en 2022 con la firma internacional, el cual contempla mecanismos de adecuación tarifaria vinculados a las necesidades financieras de la empresa pública.
Finalmente, adelantó que junto con el Ministerio de Industria y Comercio mantendrán una reunión con representantes de Atom para continuar el diálogo sobre las condiciones futuras del proyecto.
