El Ejecutivo presentó una nueva ley para reorganizar las transferencias monetarias destinadas a reducir la pobreza. La propuesta establece que el Registro Social de Hogares será el instrumento obligatorio para identificar beneficiarios y prioriza la inclusión de comunidades indígenas y personas con discapacidad.
El presidente de la República, Santiago Peña, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley denominado “De los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas para la Inclusión Social y la Reducción de la Pobreza”, con el objetivo de actualizar el marco legal que regula este tipo de asistencia estatal luego de más de dos décadas de implementación de programas sociales en el país.
La propuesta plantea reorganizar el sistema de ayudas económicas que actualmente reciben familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, incorporando nuevos mecanismos de selección, seguimiento y coordinación entre instituciones públicas. Entre los cambios centrales figura la consolidación del Registro Social de Hogares (RSH) como herramienta oficial y obligatoria para determinar quiénes podrán acceder a estos programas.
Según el mensaje remitido por el Ejecutivo, la intención es mejorar la focalización del gasto social para dirigir los recursos con mayor precisión hacia quienes realmente los necesitan, evitando superposiciones y fortaleciendo el seguimiento de los beneficiarios. El proyecto también busca que distintos organismos del Estado coordinen sus acciones bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo Social.
La iniciativa mantiene el esquema de transferencias monetarias condicionadas, es decir, ayudas económicas vinculadas al cumplimiento de determinados compromisos relacionados principalmente con salud, educación y acompañamiento social, siguiendo modelos ya utilizados en otros países de la región.
Uno de los puntos incorporados en el texto establece una atención prioritaria para comunidades indígenas y personas con discapacidad, contemplando mecanismos específicos para garantizar su incorporación y permanencia dentro de los programas sociales cuando persistan condiciones de vulnerabilidad.
Además, el proyecto dispone que la inclusión social y la reducción de la pobreza sean consideradas una política pública fundamental del Estado paraguayo y plantea que las transferencias monetarias destinadas a estos programas tengan carácter prioritario dentro del esquema de protección social, sujeto a disponibilidad presupuestaria.
La propuesta deberá ahora ser estudiada por ambas cámaras del Congreso, que definirán si el nuevo marco sustituye al esquema vigente y bajo qué condiciones se implementarán los cambios planteados por el Poder Ejecutivo.
