El Ministerio de Justicia culminó el Operativo Umbral 3.5, que permitió adecuar el sistema penitenciario al mandato constitucional de separar a las personas condenadas de aquellas que aún se encuentran procesadas, mediante el traslado de 618 personas privadas de libertad.
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Justicia, concluyó el Operativo Umbral 3.5, un despliegue logístico y de seguridad que permitió concretar la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas dentro del sistema penitenciario de mayores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, informó que durante el operativo fueron trasladadas 618 personas privadas de libertad mediante un dispositivo que involucró a 24 ómnibus, 420 efectivos de la Policía Nacional, 182 integrantes de las Fuerzas Armadas y 137 funcionarios administrativos.
Como parte del procedimiento, 403 personas condenadas fueron trasladadas desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) hasta el Centro de Reinserción Social «Martín Mendoza», en Emboscada. Paralelamente, otras 215 personas privadas de libertad fueron derivadas desde el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
Con estos movimientos, el Centro Nacional de Prevenidos y la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este pasan a albergar exclusivamente a personas procesadas, mientras que los condenados cumplirán sus penas en los centros de reinserción habilitados para ese fin.
El Ministerio de Justicia informó además que, tras la reorganización, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú opera con cerca del 90 % de su capacidad instalada, en tanto que el Centro «Martín Mendoza» alcanza aproximadamente el 80 % de ocupación.
La cartera de Estado señaló que el Operativo Umbral 3.5 constituye un nuevo avance dentro del proceso de modernización del sistema penitenciario, con el objetivo de fortalecer el orden institucional, reducir el hacinamiento y consolidar un modelo de gestión acorde con las disposiciones constitucionales y los estándares de administración penitenciaria.
El operativo también incluyó un componente sanitario. Un total de 85 profesionales del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud Pública participaron en la realización de controles médicos y evaluaciones de salud a todas las personas trasladadas, con el apoyo de ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), a fin de garantizar que el procedimiento se desarrollara en condiciones seguras.
