El Gobierno elevará la Nueva Ruralidad al rango de política de Estado, con la titulación masiva de tierras, el acceso al crédito y la integración de las familias campesinas a las cadenas de valor como ejes para erradicar la pobreza rural. El presidente Santiago Peña oficializará en agosto el plan piloto que ya arrancó en Ñeembucú, anunció el titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, y el modelo se extenderá gradualmente a todos los departamentos.
El campo paraguayo se encamina hacia una transformación de fondo. El Gobierno decidió instituir la Nueva Ruralidad como política de Estado, un marco pensado para trascender a las administraciones de turno y sostener en el tiempo el desarrollo agrario, algo que posicionará a Paraguay entre los pocos países de la región con una política agraria de largo plazo.
El anuncio fue realizado por el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, quien adelantó que el presidente Santiago Peña oficializará en agosto el plan piloto que se ejecuta en el departamento de Ñeembucú.
La apuesta descansa sobre tres pilares: titulación masiva de tierras, acceso al crédito e integración de las familias campesinas a las cadenas de valor. La meta de fondo es doble: erradicar la pobreza rural y garantizar el arraigo, mejorando la calidad de vida en el campo para frenar el éxodo hacia las ciudades.
Ñeembucú fue elegido como territorio de prueba del modelo y logrará algo inédito: contar por primera vez con el catastro físico de los inmuebles de las colonias de sus distintos distritos. Ruiz Díaz destacó que el avance es fruto del trabajo articulado entre el ente agrario, el gobernador Víctor Hugo Fornerón Portillo, la concejala departamental Eleuteria López y los intendentes de la región. La experiencia servirá luego de molde para replicar el esquema, de manera gradual, en los demás departamentos del país.
Mercados, crédito y titulación con énfasis en mujeres y jóvenes
El plan piloto va más allá del título de propiedad. En materia de comercialización, el Gobierno potenciará la Ley Hambre Cero, las compras públicas y los acuerdos internacionales como vías para abrir mercados a la producción campesina.
En el eje productivo, la titulación masiva —con énfasis en mujeres rurales y juventud— se combinará con inclusión y educación financiera, alianzas público-privadas, cooperativismo, innovación tecnológica y asistencia técnica en el terreno.
El componente social completa el esquema: el Estado acompañará a las comunidades con inversiones en educación, salud, infraestructura, energía y viviendas sociales, apuntando a un desarrollo integral del territorio y no solo de la producción.
Con la titulación como llave —el título de propiedad es lo que habilita el crédito y da seguridad jurídica a la inversión familiar—, la Nueva Ruralidad se perfila como la apuesta agraria más ambiciosa de la actual administración.
