El Instituto de Previsión Social formalizó ante la Fiscalía su primera denuncia penal derivada de las auditorías impulsadas por la nueva administración, por el hurto de 111 metros de cables de alta tensión de los depósitos del Hospital Central. Es “solo la punta del iceberg”: una treintena de casos ya está en proceso de auditoría y análisis jurídico.
La depuración del Instituto de Previsión Social (IPS) entró en su fase judicial. El director jurídico de la previsional, Pablo Morínigo, junto al auditor interno Walter Laguardia, formalizó ante la Fiscalía Barrial N° 7 de Asunción la primera denuncia penal de la gestión de Isaías Fretes, contra personas innominadas, por el hurto de 111 metros de cables de alta tensión que debían encontrarse en los depósitos del Hospital Central y que desaparecieron sin explicación. El perjuicio patrimonial ronda los USD 15.000.
El hallazgo se produjo semanas atrás, durante una de las verificaciones in situ que el propio Fretes viene realizando por las instalaciones de la previsional, recorridos que destaparon una serie de irregularidades heredadas que hoy alimentan la ofensiva administrativa y judicial de la nueva conducción.
“Esto es solo la punta del iceberg”, advirtió Morínigo tras presentar la denuncia, y aseguró que la institución no se dejará presionar por ningún sector. El asesor jurídico confirmó que nuevos hallazgos podrían surgir de las próximas auditorías, lo que derivaría en más denuncias penales y eventuales sumarios contra funcionarios. “No pasa por la cuantía, pasa por el hecho y estamos obligados” a denunciar, subrayó.
Actualmente, una treintena de casos se encuentra bajo análisis entre la Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica del ente. Entre ellos figura el caso de los contenedores del bloque quirúrgico modular que no apareció en el séptimo piso del Hospital Central, que según Fretes será de los primeros en llegar al Ministerio Público.
La judicialización llega, además, como respuesta a las críticas del exasesor económico Sergio Lovera, quien acusó al titular del IPS de no haber presentado denuncias. Fretes fue categórico: los casos se remiten a la Fiscalía recién cuando completan el circuito de auditoría y dictamen jurídico, para presentar expedientes sólidos. “Tenemos que hacer bien las cosas, con seriedad, responsabilidad y respaldo documental para obligar a la Fiscalía a actuar con la misma seriedad”, sostuvo. Y sobre los calificativos de su exasesor, respondió sin rodeos: “Los hechos van a hablar por sí solos”.
Desde la Auditoría Interna, Laguardia defendió el nuevo esquema de control, sin precedentes en la institución: no se firma un solo documento ni se autoriza un pago sin la certificación previa de Auditoría. El funcionario recordó, además, que el rol del IPS es auditar, sanear y derivar los casos, mientras que la acción penal queda exclusivamente en manos del Ministerio Público, al que instó a no dejar dormir los reportes remitidos.
